Intendentes de distintos puntos del país expusieron ante la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados el impacto de las políticas del Gobierno nacional sobre las administraciones locales. Pablo Corsalini, intendente de Pérez, cuestionó la eliminación de programas, la caída de los recursos coparticipables y la falta de inversión en infraestructura y salud en diálogo con “El Día Está Después”.
Alrededor de 80 intendentes y jefes comunales de diferentes provincias y pertenencias políticas llevaron sus reclamos al Congreso de la Nación para advertir sobre las consecuencias del ajuste del Gobierno nacional en los municipios.
Durante una reunión de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, los representantes locales expusieron las dificultades que enfrentan para sostener servicios esenciales ante la reducción de recursos y la eliminación de programas nacionales. Entre los principales cuestionamientos estuvieron la eliminación del programa Remediar, los subsidios al transporte, el Fondo Federal Educativo, el Procrear y el RENABAP, además de la falta de mantenimiento de las rutas nacionales.
En diálogo con “El Día Está Después” de RADIO UNR, el intendente de Pérez, Pablo Corsalini, sostuvo que los reclamos expresan una problemática que atraviesa a gobiernos locales de todo el país, más allá de sus diferencias políticas. “Claramente que esto no es una cuestión netamente política contra un gobierno local que va en contra del Gobierno nacional. Es el modelo de país que Milei está llevando adelante”, afirmó.
En ese sentido, advirtió que la reducción del programa Remediar, que garantizaba el acceso a 128 tipos de medicamentos, representa un fuerte retroceso para la salud pública municipal, especialmente en localidades que deben absorber nuevas responsabilidades sin recibir los recursos correspondientes.
“No podemos poner como variable de ajuste al ciudadano, al vecino que padece todas estas decisiones”.
COPARTICIPACION NACIONAL. Corsalini también alertó sobre la caída de la coparticipación nacional, que estimó entre un 34 y un 40 por ciento, según el mes, y señaló que “las últimas liquidaciones registraron una nueva disminución vinculada a la recaudación del IVA. A esto se suma la paralización de la obra pública y la falta de mantenimiento de las rutas nacionales, una situación que obliga a los municipios a afrontar tareas que corresponden a otras jurisdicciones”. Como ejemplo, mencionó la ruta nacional 33, que atraviesa la ciudad de Pérez y demanda trabajos de mantenimiento, iluminación y conservación de banquinas.
Frente a este escenario, reclamó una distribución federal de los recursos y pidió que las próximas discusiones presupuestarias incorporen una perspectiva humanista: “Si no ponemos a las personas en el centro de las decisiones y seguimos trabajando en función de una planilla de Excel, claramente los resultados van a ser cada vez más negativos contra la ciudadanía”.
A LA JUSTICIA. Durante la entrevista también se refirió a la posibilidad de avanzar por la vía judicial frente a la falta de respuestas del Gobierno nacional. Corsalini confirmó que, a través de la Federación Argentina de Municipios (FAM), ya iniciaron una demanda por los fondos recaudados mediante el impuesto a los combustibles que, según planteó, no se destinan al mantenimiento de las rutas ni a nuevas obras públicas. Además, describió el comportamiento de los legisladores oficialistas durante la reunión en Diputados y respaldó la necesidad de recurrir a otras instancias institucionales cuando no existen espacios de diálogo y negociación.