El investigador y docente de la UNR, Ariel Ocantos advirtió sobre las consecuencias socioambientales de la nueva concesión que contempla profundizar el canal navegable. Cuestionó la falta de estudios de impacto ambiental rigurosos, las limitaciones a la participación ciudadana y un modelo de infraestructura que adapta el río a las necesidades del comercio internacional.

La transformación de la Hidrovía Paraná-Paraguay vuelve a encender el debate sobre el futuro del río y sus territorios. En el marco del 17º Congreso Nacional e Internacional sobre Democracia de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Ariel Ocantos, docente de la universidad e integrante del Taller Ecologista, analizó en diálogo con “El Día Está Después” de RADIO UNR los impactos socioambientales de un proyecto estratégico para el comercio exterior argentino, pero que también plantea importantes interrogantes ambientales, institucionales y territoriales.

En diálogo con Jorgelina Hiba en su columna ambiental, el investigador advirtió que la nueva concesión, otorgada por 30 años, profundiza un modelo de gestión iniciado en la década de 1990 y proyecta avanzar sobre el canal navegable con intervenciones de mayor intensidad.

Uno de los principales puntos de preocupación es la profundización del río, que podría alcanzar los 40 pies en determinados tramos. Esto supone remover millones de toneladas de sedimentos y modificar las condiciones naturales del Paraná para permitir la circulación de embarcaciones de mayor porte y capacidad de carga.

Para Ocantos, el problema es que el río termina subordinado a las necesidades de la logística empresarial y del comercio internacional, sin que se conozcan de manera suficiente las consecuencias de esas intervenciones. También señaló las deficiencias metodológicas de los estudios de impacto ambiental realizados hasta el momento y mencionó investigaciones que documentaron la presencia de glifosato y metales pesados en el lecho del Paraná.

“Como si el río fuera un mero soporte para adaptar a las lógicas empresariales de comercialización”.

El investigador también cuestionó el procedimiento de concesión por las limitaciones que tuvo la participación ciudadana y la ausencia de sectores directamente afectados, como pescadores, organizaciones ambientales, sindicatos y asociaciones vecinales. En ese sentido, advirtió sobre una situación que considera especialmente preocupante: la empresa que obtuvo la concesión será también la encargada de realizar los estudios de impacto ambiental.

Para Ocantos, “el Estado debe garantizar evaluaciones independientes, información pública accesible y mecanismos efectivos de participación”. Además, planteó la necesidad de realizar una evaluación ambiental estratégica que contemple integralmente la política de navegación y de infraestructura fluvial del país, considerando las particularidades hidrológicas, geomorfológicas y ecológicas del Paraná.

En la entrevista también se abordaron otros temas vinculados al modelo de desarrollo y la explotación de los recursos naturales: la relación entre la Hidrovía y los intereses geopolíticos de China y Estados Unidos, las consecuencias de la actividad de las grandes empresas portuarias sobre barrios de Villa Gobernador Gálvez, la extracción de arena de las islas del Paraná para abastecer la actividad de fracking en Vaca Muerta y las posibles irregularidades en su comercialización.

Asimismo, se discutió el posicionamiento de Santa Fe dentro del esquema minero y energético nacional y los efectos ambientales de un modelo productivo que amplía la presión sobre los territorios. La conversación dejó planteado un interrogante central: quién decide sobre los bienes comunes y qué mecanismos tiene la sociedad para intervenir en esas decisiones.