La diputada nacional por Santa Fe y exdirectora de Migraciones sostuvo que no existen datos públicos que respalden la afirmación presidencial y explicó que el Gobierno confunde expulsiones migratorias, rechazos en frontera y extradiciones con supuestos casos de terrorismo. También advirtió sobre el uso de estas declaraciones para justificar mayores facultades de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia

La afirmación del presidente Javier Milei sobre la supuesta expulsión de 30 mil terroristas de la Argentina generó cuestionamientos desde la oposición. En diálogo con El Día Está Después, la diputada nacional por Santa Fe y exdirectora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, sostuvo que no existe información pública que permita respaldar esa cifra y advirtió sobre la utilización de las amenazas terroristas como argumento para ampliar las facultades de los organismos de seguridad e inteligencia.

“¿Quiénes son estos supuestos 30 mil terroristas que expulsó el Gobierno nacional? No existen”, afirmó la legisladora, quien reclamó que el Ejecutivo presente un listado o brinde explicaciones sobre los casos que menciona el Presidente. Para Carignano, la magnitud de la cifra obliga a preguntarse cómo pudieron ingresar al país tantas personas que representarían una amenaza para la seguridad nacional sin que se detectaran sus actividades.

La diputada consideró que la declaración no debe interpretarse únicamente como una exageración, sino también en el contexto de una estrategia política. Según su análisis, la construcción de un escenario de amenaza busca generar temor en la sociedad y presentar las críticas al Gobierno o a su programa económico como intentos de desestabilización.

“Creo que detrás de esto se esconde un verdadero plan, que es primero generar temor”, sostuvo. En ese sentido, vinculó las declaraciones presidenciales con el debate legislativo sobre la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, a la que cuestionó por considerar que habilitaría mayores atribuciones para las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia. Carignano advirtió que esas facultades podrían utilizarse para perseguir voces críticas y actuar sin las debidas garantías judiciales.

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la diferencia entre la cifra anunciada por Milei y los datos de gestión migratoria difundidos por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. La legisladora explicó que los rechazos en frontera, las expulsiones por irregularidades migratorias y las extradiciones responden a procedimientos distintos y no permiten afirmar que las personas involucradas hayan cometido actos terroristas.

Carignano detalló que una persona puede ser rechazada al intentar ingresar al país por no contar con la documentación requerida, presentar un documento falso o no poder justificar el motivo de su viaje. También mencionó los casos de personas extranjeras que permanecen en situación migratoria irregular y que, luego de un procedimiento administrativo, pueden ser intimadas a regularizar su situación o eventualmente expulsadas.

A esos procedimientos se suman las situaciones de ciudadanos extranjeros que cumplen condenas en el país. Según explicó, una vez alcanzada determinada instancia de la pena, Migraciones puede consultar a la autoridad judicial si existe interés en que continúen detenidos o si corresponde su regreso al país de origen. “Todo eso son los típicos casos que hacen este 20.000”, señaló, en referencia a las cifras difundidas por la ministra de Seguridad.

Para Carignano, el Gobierno toma esos registros y los presenta como evidencia de una amenaza terrorista que, según sostuvo, no está acreditada. También cuestionó las restricciones de ingreso que, de acuerdo con su relato, se aplican a personas extranjeras por su nacionalidad o por su participación en actividades consideradas opositoras al Gobierno. La exdirectora de Migraciones sostuvo que esas prácticas se inscriben en una política que busca replicar criterios de seguridad de Estados Unidos, pese a las diferencias entre ambos países en materia migratoria.

La legisladora también se refirió a los pedidos de informes presentados en el Congreso para conocer los fundamentos de las declaraciones presidenciales. Si bien consideró que se trata de una herramienta legítima de control parlamentario, advirtió que su tratamiento enfrenta obstáculos en las comisiones de la Cámara de Diputados. Por ese motivo, planteó la posibilidad de recurrir a solicitudes de acceso a la información pública para obtener respuestas del Poder Ejecutivo.

En el tramo final, Carignano abordó la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y las presentaciones realizadas ante organismos internacionales para cuestionar su inhabilitación. La diputada expresó expectativas de que se revise la sentencia y sostuvo que, a su entender, no existen elementos que justifiquen la responsabilidad que se le atribuyó a la expresidenta. Sus declaraciones se inscribieron en una valoración política y jurídica que mantiene la oposición sobre el proceso judicial.