Un proyecto internacional sobre la presencia de agrotóxicos en el ambiente expuso resultados alarmantes en Argentina, desencadenando la salida del INTA del consorcio, sumarios administrativos y severas acusaciones de censura y persecución a los investigadores. La ingeniera agrónoma Virginia Aparicio brinda detalles del caso en charla con “El Día Está Después”.

El caso de la ingeniera agrónoma Virginia Aparicio, investigadora del CONICET y del INTA Balcarce, puso en evidencia una de las tensiones más graves entre la ciencia, el Estado y el agronegocio en Argentina.

Según lo cuenta Virginia Aparicio en comunicación con “El Día Está Después” de RADIO UNR, Aparicio formó parte del proyecto europeo Sprint, una iniciativa de escala global destinada a monitorear la distribución de plaguicidas en diversas matrices ambientales, animales, vegetales y humanas. La participación argentina, única fuera del núcleo europeo, permitió medir “la presencia de 206 productos diferentes en el suelo, el agua, los alimentos e incluso en muestras biológicas de voluntarios” dijo la científica en la columna ambiental de Jorgelina Hiba.

“Hay productos plaguicidas que los encontramos en el suelo, en las lombrices, en la materia fecal”.

CENSURA Y SANCIONES. Sin embargo, tras obtener los resultados locales que reflejaban una alta exposición a agrotóxicos, el INTA decidió sorpresivamente salir del consorcio en diciembre de 2023 y evitar la devolución de los datos a los participantes.

Lejos de transparentar la información, la institución inició sumarios administrativos contra los científicos involucrados, culminando en pedidos de exoneración que impiden su reingreso a la administración pública. Según el abogado defensor, estas medidas buscan silenciar un problema crítico de salud pública en una de las regiones agropecuarias más productivas del país.

Desde el ámbito legal se advierte que esta conducta contradice abiertamente el Acuerdo de Escazú, el cual obliga al Estado argentino a velar por la salud pública, proteger a los defensores ambientales y garantizar el acceso libre a la información de interés general.

La negativa a difundir los datos y las sanciones aplicadas configuran, según los letrados, “un gravísimo retroceso institucional que perjudica directamente a la ciudadanía”, ya que la exposición masiva y acumulativa a estos compuestos químicos continúa afectando de manera silenciosa a toda la población.

“El Estado argentino entierra la cabeza como un avestruz”

Mientras que en países europeos los índices de contaminación impulsan políticas orientadas hacia una agroecología sustentable, en Argentina la respuesta institucional se ha limitado a ocultar los diagnósticos.

La falta de transparencia no solo trunca la posibilidad de replantear las prácticas productivas locales, sino que deja desprotegida a la sociedad frente a un problema de contaminación que, como señalan los expertos, afecta tanto al medio ambiente como a la salud de las próximas generaciones.