El abogado constitucionalista analizó la nueva prueba incorporada a la causa Vialidad y sostuvo que podría habilitar un pedido de revisión de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner. También cuestionó el fallo de la Corte Suprema y planteó que deben considerarse otros argumentos vinculados con el debido proceso y la Constitución

La aparición de nueva documentación en la causa Vialidad abrió una nueva discusión sobre la condena contra Cristina Fernández de Kirchner y las vías procesales para solicitar su revisión. El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat consideró que el elemento incorporado recientemente tiene relevancia, aunque sostuvo que no constituye la única razón por la cual debería revisarse el fallo de la Corte Suprema.

Barcesat aclaró al comienzo de la entrevista que no es abogado de Cristina Fernández de Kirchner, aunque señaló que ha analizado distintos procesos judiciales vinculados con la expresidenta y que conoce particularmente las causas Vialidad, Cuadernos y Memorándum con Irán. Sobre la nueva prueba, sostuvo que podría ser utilizada en un eventual recurso de revisión y planteó que la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas podría tomarla en consideración.

Según explicó, el recurso de revisión está previsto tanto en el antiguo Código de Procedimientos, que continúa aplicándose en estos procesos, como en el nuevo Código Procesal Penal Federal. “Prevén el recurso de revisión cuando aparece un factor nuevo, no tenido en cuenta al momento de haber emitido el fallo condenatorio”, señaló.

Sin embargo, Barcesat sostuvo que, además de la nueva documentación, deberían incorporarse otros argumentos que, desde su perspectiva, cuestionan la validez de la sentencia. “Deben mencionarse, revitalizarse, las otras causales de nulidad del fallo de la Corte”, afirmó.

Uno de los planteos formulados por el constitucionalista está relacionado con el principio de ne bis in idem, que impide que una persona sea juzgada nuevamente por un hecho respecto del cual existe una resolución firme. Según su interpretación, la reapertura de la causa habría vulnerado ese principio constitucional.

El segundo argumento que destacó está vinculado con la responsabilidad sobre las órdenes de pago de los certificados de obra. Barcesat sostuvo que esa facultad correspondía al jefe de Gabinete de Ministros, de acuerdo con el artículo 100 de la Constitución Nacional. En ese sentido, señaló que durante el juicio declararon como testigos distintos jefes de Gabinete que reconocieron haber firmado las órdenes de pago y que esos funcionarios no fueron imputados.

“Quien no puso ninguna firma es condenado como si hubiera firmado pagos con sobreprecios o con faltantes de obra”, cuestionó Barcesat, quien consideró que allí existe, a su criterio, una contradicción que debería ser revisada judicialmente.

El abogado también se refirió al eventual recorrido internacional del planteo. Señaló que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU podría emitir un pronunciamiento sobre la situación y sostuvo que, posteriormente, la revisión dentro de Argentina debería tramitar ante la Cámara Federal de Casación Penal. Según explicó, la sala que intervino originalmente debería apartarse y el planteo tendría que ser analizado por otra sala.

Barcesat vinculó además el caso argentino con la situación atravesada anteriormente por Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. Recordó que participó junto con otros abogados en cuestionamientos al proceso contra el actual presidente brasileño y afirmó que el Superior Tribunal de Justicia de Brasil reconoció el carácter persecutorio y declaró la nulidad de la condena contra Lula sin necesidad de recurrir a un organismo supranacional.

En ese marco, volvió a cuestionar lo que denomina lawfare o guerra judicial y señaló que en octubre se realizará en México una reunión en la que se tratará un proyecto de convención interamericana para la prevención y sanción de esas prácticas. Barcesat afirmó que es autor de esa iniciativa y planteó la necesidad de establecer mecanismos regionales para evitar la repetición de procesos que considera persecutorios.