Ante la acelerada expansión ilegal y el aumento de la violencia en Cisjordania, once países europeos y Canadá rompen la inercia internacional al restringir los productos provenientes de los asentamientos israelíes. Por Coco López.
En un mapa continental sacudido por el impacto político del triunfo de la ultraderechista Alternativa para Alemania en las elecciones de Sajonia, once países europeos junto a Canadá han decidido dar un paso de fuerte repercusión diplomática. Frente a la expansión de las colonias y al aumento sin precedentes de la violencia de ultranacionalistas judíos contra la población palestina en Cisjordania en los últimos tres años, este bloque anunció su intención de restringir o vetar la entrada de productos procedentes de los asentamientos ilegales.
La declaración conjunta firmada por Francia, Reino Unido, España, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Noruega, Portugal, Polonia, Suecia y Canadá busca elevar la presión sobre el gobierno de Benjamín Netanyahu.
Aunque aún resta definir un calendario preciso de ejecución, naciones centrales como Francia, el Reino Unido y Canadá han acordado expresamente dejar de comprar bienes producidos en colonias consideradas ilegales por el derecho internacional. La fundamentación esgrimida por la cancillería francesa resulta categórica: Cisjordania bordea la explosión debido al crecimiento frenético de los asentamientos y a actos de terror cometidos por colonos extremistas, denunciados incluso por las propias autoridades israelíes. Para París, mantener la pasividad ante esta realidad representa una afrenta a la dignidad del pueblo palestino, compromete la propia seguridad de Israel y destruye la viabilidad de la solución de dos Estados como única alternativa a la guerra permanente.
La postura británica añade una densidad ética insoslayable al debate. Durante su intervención ante el Parlamento, el ministro de Relaciones Exteriores británico, Ed Miliband, manifestó un profundo sentido de vergüenza y acusó al gobierno israelí de mirar hacia otro lado ante acciones de limpieza étnica ejecutadas por colonizadores terroristas. Miliband, quien se definió como un judío orgulloso de serlo, remarcó que las medidas no se dirigen contra el pueblo de Israel, sino contra la conducta de un ejecutivo que consolida una agenda expansionista e ilegal sobre los territorios ocupados.
Las reacciones en Jerusalén reflejan la molestia generada por este veto comercial. Mientras el presidente israelí calificó las futuras restricciones como un grave error de cálculo, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, propuso en represalia reconocer a las islas Malvinas como territorio argentino ocupado. Sin embargo, los datos de la ONG Paz Ahora confirman la gravedad de la situación: solo en 2025 se aprobaron 54 nuevos asentamientos y cerca de 28.000 viviendas, consolidando una población de más de 500.000 colonos en Cisjordania y 200.000 en Jerusalén Oriental.
El veto impulsado por este grupo de países marca así un hito sobre las consecuencias económicas de sostener la ocupación al margen de la legalidad internacional.