La designación de un nuevo subsecretario de Ambiente con perfil corporativo y la presentación de un crítico informe de abogados ambientalistas exponen un modelo enfocado en la desregulación, el debilitamiento de los controles estatales y la facilitación de negocios para los sectores concentrados. Jorgelina Hiba brindó un amplio panorama de la situación en su columna de Ambiente.

La institucionalidad ambiental en Argentina atraviesa un proceso de profunda degradación, caracterizado por la pérdida de rango ministerial para quedar reducida a una Subsecretaría de Ambiente bajo la órbita de Daniel Scioli. Tras meses de vacancia, “la designación de Andrés Trevino como nuevo subsecretario marca un posicionamiento claro del gobierno”, dijo Jorgelina Hiba, en su columna de Ambiente de “El Día Está Después” de RADIO UNR.

Trevino, un abogado que proviene de las filas políticas de Diego Santilli, cuenta con un perfil como asesor de grandes corporaciones en litigios ambientales y lidera la asociación Consenso Patagonia, una organización dedicada a la defensa irrestricta de la propiedad privada frente a los reclamos territoriales de comunidades originarias en el sur del país.

INFORME. Por otra parte, la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina ha publicado su segundo informe de regresiones socioambientales bajo la gestión de Javier Milei, el cual sistematiza los retrocesos normativos y presupuestarios de los últimos años.

Entre los retrocesos más significativos se destaca la modificación regresiva de la Ley de Glaciares, que rebajó los estándares de protección mínimos nacionales al delegar la potestad de decisión en las provincias, beneficiando directamente la expansión de la minería de litio y cobre. Asimismo, el reporte denuncia la reducción presupuestaria para el manejo del fuego, las intenciones de desmantelar la Ley de Bosques, y una licitación más agresiva y con menores controles ambientales para la Hidrovía.

“El plan económico del gobierno es la explotación pura y dura hasta la última gota de recurso natural”

Finalmente, este esquema normativo e institucional responde a una estrategia macroeconómica donde lo ambiental, lo político y lo económico están intrínsecamente entrelazados.

A través de herramientas como la Ley Bases y el RIGI, se consolida una matriz productiva hiper-reprimarizada orientada a la explotación de materias primas sin apenas retenciones o derechos de exportación, dejando escasos beneficios fiscales en el territorio nacional. De esta manera, se evidencia un modelo donde el Estado no desaparece, sino que abandona sus funciones de control y conservación para fortalecer su capacidad de garantizar los negocios corporativos.