Entre declaraciones juradas millonarias en el exterior, la destrucción del aparato productivo y una alarmante inacción de la dirigencia, Alicia Acquarone analiza en “El Día Está Después” la profundidad de una crisis política, económica y educativa que amenaza el futuro de la soberanía argentina.

En cualquier país capitalista serio, un escándalo de la magnitud de la reciente declaración jurada del ministro de Economía (cuyo patrimonio neto registrado aumentó un 37% hasta alcanzar los 13,4 millones de dólares) desataría una inmediata rendición de cuentas. Sin embargo, en la Argentina actual asistimos a una sorprendente falta de respuesta institucional frente a este hecho. Lo más alarmante es cómo el andamiaje legislativo aprobado en el Congreso parece diseñado para justificar y no penalizar conductas que resultan incomprensibles bajo cualquier lógica de desarrollo nacional. Mientras la autoridad económica de la nación mantiene el 97% de su fortuna depositada en el extranjero, el gobierno impone un severo discurso de “sacrificio” sobre una población empobrecida y desprotegida.
Este modelo, que se escuda bajo la bandera de la libertad, no está haciendo otra cosa que destruir la estructura productiva y regalar las empresas estatales estratégicas, incluso aquellas con rendimientos positivos o funciones vitales para el control del futuro, como la producción eléctrica.
Se nos intenta convencer con un verso absurdo y falso de que el mercado genera por sí mismo a la sociedad. Pero la realidad histórica y económica demuestra lo contrario: el mercado fue una creación del Estado capitalista y, para que exista y funcione, requiere de un Estado presente, con un plan de proyección a futuro que dirija y medie. Sin un Estado regulador, no hay capitalismo viable, sino un desguace absoluto.
Hoy, la clase media argentina se encuentra en una situación incluso peor que la del fatídico 2001. Si en aquella crisis los ahorros fueron confiscados dentro de los bancos, hoy el despojo ocurre antes de que el dinero llegue siquiera a ingresar al sistema financiero. La profundidad de este retroceso es de una gravedad histórica insoslayable, pero al ser actores del presente, nos cuesta calibrar la dimensión real de la catástrofe futura.
Frente a este escenario de vaciamiento, la reacción popular parece adormecida. Pero la responsabilidad final no recae en la ciudadanía, que históricamente ha carecido de una formación cívica continua y de un pensamiento crítico debido a los constantes quiebres democráticos y reformas superficiales en los planes educativos. La verdadera urgencia apunta a las dirigencias políticas, hoy completamente desconectadas de las necesidades de las bases. Es imperativo que la dirigencia despierte de su letargo y ponga límites firmes a este desguace, antes de que el país quede definitiva e irreversiblemente desarticulado.