El economista Tomás Castagnino analiza el impacto del nuevo programa de 2 billones de pesos financiado con recursos del ANSES. En “El Día Está Después” advierte sobre las contradicciones ideológicas del oficialismo, los paralelismos con el macrismo y el limitado alcance de una medida orientada a un sector formal que hoy sufre la destrucción de empleo.

El anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre un plan de 2 billones de pesos para reactivar el crédito hipotecario con fondos de la ANSES expone la urgencia oficial por motorizar la actividad.

El economista del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Tomás Castagnino, explicó en “El Día Está Después” de Radio UNR que la medida utiliza recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para prestárselos a los bancos a una tasa de UVA + 2,5%, estableciendo un tope de cobro a los usuarios de UVA + 7,5%.

Para el especialista, “esta iniciativa intempestiva responde a un diagnóstico de estancamiento compartido por el propio gobierno, el cual busca desesperadamente una reactivación sin que se dispare el dólar para no perder el control de la inflación en la antesala electoral”.

“El gobierno que viene a decir que el Estado no tiene que intervenir está poniendo un límite a la tasa de interés y usando fondos públicos”

“Esta fuerte intervención en el mercado financiero contradice de forma directa el habitual discurso antiestatal y de libre mercado que pregona la administración de La Libertad Avanza”, dijo el economista.

Castagnino advirtió sobre el riesgo de presionar el mercado crediticio para forzar el crecimiento y recordó la experiencia del gobierno de Mauricio Macri, donde el “boom” de los créditos UVA (atados a la inflación) terminó generando severas dificultades de pago para las familias cuando los precios se aceleraron.

En este sentido, vinculó la medida con la reciente habilitación regulatoria para otorgar préstamos locales en dólares utilizando los depósitos de los ahorristas, una herramienta de alto riesgo que no se implementaba en el país desde la crisis de 2001.

A pesar de la llamativa retórica oficial que asocia este programa con la “justicia social”, el impacto real de la medida “estará restringido a una porción muy minoritaria de la población”, manifestó.

Con un presupuesto que equivale a apenas el 1,8% del total de activos del FGS, se estima que el beneficio alcanzará a un máximo de 18.000 familias, con préstamos que podrían llegar hasta los 200.000 dólares.

Castagnino concluyó que, “debido a los requisitos de sueldo registrado e ingresos medios-altos necesarios para calificar, el acceso estará limitado a un sector formal de la economía que hoy, paradójicamente, es uno de los más golpeados por la destrucción de puestos de trabajo bajo la actual gestión”.