En diálogo con El Día Está Después, la madre de Ema Bondaruk explicó los principales puntos de la Ley Emma, una iniciativa que busca incorporar la prevención de la violencia digital en las escuelas. Capacitación docente, ciudadanía digital y articulación con la ESI son algunos de los ejes de una propuesta que nació a partir de la experiencia de su hija

La violencia digital atraviesa cada vez más las experiencias cotidianas de adolescentes y jóvenes y plantea nuevos desafíos para las familias, las escuelas y el Estado. Frente a este escenario, Laura Sánchez, mamá de Ema Bondaruk, impulsa la llamada Ley Ema, una iniciativa que busca establecer herramientas de prevención y capacitación para abordar este tipo de situaciones antes de que sus consecuencias sean irreversibles.

En diálogo con El Día Está Después, Sánchez explicó que uno de los principales objetivos del proyecto es incorporar la capacitación docente para que las escuelas puedan trabajar la problemática y reconocer a las adolescencias como sujetos de derecho también en los entornos digitales.

“Nosotros aspiramos en principio a que haya capacitación docente para que esto se pueda instalar en las escuelas y así pensar en las adolescencias como ciudadanos digitales”, explicó. La propuesta también plantea articular estos contenidos con la Educación Sexual Integral (ESI), especialmente alrededor de conceptos como el consentimiento, el respeto por el propio cuerpo y el cuerpo de los demás.

La iniciativa nació a partir de la experiencia personal de Sánchez y de lo ocurrido con su hija Ema. En agosto de 2024, cuando tenía 15 años, la adolescente sufrió violencia digital de género luego de que se difundiera un video suyo entre compañeros de la escuela. Según relató su mamá, en apenas minutos el material se había multiplicado entre estudiantes y durante las siguientes 24 horas Ema recibió mensajes de distintas personas.

“En 10 minutos lo tenía el resto del colegio. Durante 24 horas Ema recibió todo tipo de mensajes”, recordó Sánchez. Al día siguiente, la adolescente tomó la decisión de quitarse la vida.

A partir de aquella experiencia, Sánchez comenzó a trabajar junto a la activista mexicana Olimpia Coral Melo, impulsora de la llamada Ley Olimpia contra la violencia digital de género. De ese vínculo surgió la idea de desarrollar herramientas que permitan identificar estas situaciones y actuar frente a ellas.

“Si tal vez nosotros como familia, si la escuela, si Ema hubiera tenido las herramientas necesarias para saber lo que le estaba pasando, al menos que lo que le estaba pasando tenía un nombre, se llamaba violencia digital de género, seguramente que hoy la historia de Ema sería otra”, sostuvo.

Para Sánchez, una de las principales dificultades es que la respuesta no puede quedar exclusivamente en manos de las familias o de las instituciones educativas. “La escuela sola no puede, la familia sola tampoco y el Estado solo tampoco. Necesitamos las tres patas”, afirmó.

En ese sentido, consideró fundamental que la prevención sea incorporada de manera obligatoria al sistema educativo y no dependa de la voluntad particular de cada institución o docente. “Queremos que sea ley justamente para que no dependa solo de la buena voluntad de alguna escuela”, explicó.

La problemática también se complejiza con el avance de la inteligencia artificial y la posibilidad de generar imágenes falsas de contenido sexual. Sánchez remarcó que, desde el punto de vista de la víctima, no existe una diferencia sustancial entre una imagen real y una generada artificialmente.

“La imagen, tanto sea real como creada con inteligencia artificial, afecta a las víctimas de la misma forma”, sostuvo. Para la referente, lo central no es el mecanismo mediante el cual se produjo la imagen, sino la vulneración de derechos que se genera cuando una persona es expuesta sin consentimiento.

“No importa si es una imagen de desnudez o de sexo explícito. El trauma es el mismo, la vulneración de derechos y el estado de vulneración en que queda la víctima es exactamente el mismo”, señaló.

Sánchez vinculó además la expansión de estas prácticas con problemas culturales más profundos, como la cosificación de los cuerpos y la dimensión que adquiere la exposición en Internet. La masividad y la posibilidad de actuar desde el anonimato pueden potenciar situaciones que, en el mundo digital, se reproducen a una velocidad difícil de dimensionar.

La entrevista también abordó el crecimiento de las problemáticas vinculadas con la salud mental y el suicidio entre adolescentes y jóvenes. Sánchez consideró que las adolescencias son también un reflejo de las condiciones sociales actuales y cuestionó las dificultades existentes para acceder a tratamientos de salud mental.

“Es un problema muy grave, que es coyuntural, es decir, abre un abanico donde hay que ver un montón de aristas”, planteó. También señaló las dificultades para acceder a profesionales especializados en salud mental infantojuvenil y sostener tratamientos durante el tiempo necesario.

Desde esa perspectiva, la Ley Ema busca intervenir antes de que las situaciones de violencia digital lleguen a consecuencias extremas. La apuesta es generar herramientas para que adolescentes, familias y docentes puedan reconocer qué está ocurriendo, ponerle un nombre a la violencia y saber cómo actuar.

“Que nadie se quede sin saber qué hacer, justamente para que la historia de Ema no se repita”, concluyó.