La organización feminista cuestionó el accionar judicial y político durante la búsqueda de la adolescente asesinada. También pidió la destitución del ministro de Seguridad provincial y convocó a una masiva movilización este 3 de junio

En el marco de una nueva jornada de Ni Una Menos, la conmoción por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, se convirtió en uno de los principales ejes de las movilizaciones previstas en todo el país. Desde la organización Ni Una Menos Córdoba anunciaron la presentación de un pedido de jury de enjuiciamiento contra el fiscal Raúl Garzón y reclamaron además la destitución del ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, por las irregularidades registradas durante la investigación.

En diálogo con La Marca de la Almohada, la integrante de Ni Una Menos Córdoba, Soledad Díaz, calificó como “nefasta” la conferencia de prensa brindada por las autoridades tras el hallazgo del cuerpo de Agostina y sostuvo que existieron graves incumplimientos de los protocolos de búsqueda.

“Entendemos que se violaron todos los procedimientos legales. No se aplicaron los protocolos de búsqueda inmediata vigentes en la provincia desde 2015 y hubo numerosas falencias en la investigación”, afirmó.

Díaz fue más allá y planteó que el caso presenta elementos que permiten sospechar de una red de protección política alrededor del principal acusado, Claudio Barrelier.

Según explicó, el detenido mantenía vínculos con sectores del oficialismo cordobés a través de organizaciones barriales y había contado inicialmente con la defensa de abogados vinculados al entonces concejal Ricardo Moreno. Además, recordó que Barrelier tenía antecedentes por privación ilegítima de la libertad de una joven ocurridos durante 2025.

“Todo nos lleva a pensar que no estamos solamente ante una situación de desidia o irregularidad. Hubo un encubrimiento destinado a garantizar la impunidad de una persona que tenía vínculos con sectores del poder político”, sostuvo.

La referente feminista destacó que, tras las denuncias públicas y la presión social, Moreno fue apartado de su banca en el Concejo Deliberante, aunque consideró que la medida respondió a una estrategia de “autopreservación” institucional.

Uno de los principales cuestionamientos de la organización apunta a las declaraciones públicas del fiscal Garzón luego de confirmarse el crimen.

“Fue una conferencia de autofelicitación por un procedimiento que se violó de manera flagrante. Hubo una revictimización permanente hacia la familia y comentarios absolutamente fuera de lugar”, señaló Díaz.

También cuestionó al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y aseguró que existe una responsabilidad política en la actuación de las fuerzas de seguridad y en la demora de las medidas de búsqueda.

La dirigente remarcó que la familia de Agostina fue quien impulsó gran parte de las acciones para localizar a la adolescente, aportando testimonios, cámaras de seguridad y elementos clave para la investigación.

“La familia hizo todo lo que tenía que hacer. La denuncia se realizó de inmediato y fueron los propios familiares quienes terminaron impulsando la investigación mientras las autoridades no actuaban”, afirmó.

Desde Ni Una Menos Córdoba advirtieron que el caso de Agostina no es un hecho aislado y recordaron otras desapariciones y femicidios ocurridos en la provincia.

Entre ellos mencionaron el caso de Delicia Mamani, una estudiante desaparecida hace seis meses cuya causa recientemente pasó al fuero federal bajo la figura de trata de personas.

“Tenemos femicidios cada 31 horas en la Argentina y numerosas desapariciones de mujeres y adolescentes. Lo de Agostina expone una problemática estructural que sigue vigente”, sostuvo Díaz.

La dirigente confirmó que este miércoles la movilización en Córdoba partirá desde Colón y Cañada a las 18 horas bajo las consignas de justicia por Agostina Vega y contra la violencia de género.

“Hoy más que nunca necesitamos estar en las calles. Vamos a reclamar justicia por Agostina, por todas las víctimas y para exigir que se terminen estos mecanismos de impunidad que siguen poniendo en riesgo la vida de mujeres, niñas y adolescentes”, concluyó.