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Santa Fe impulsa la cultura: se reglamentó la ley que fomenta la inversión privada

La diputada socialista brindó detalles sobre la nueva Ley de Promoción Cultural en Santa Fe en diálogo con “Apuntes y Resumen” sobre la norma que busca democratizar el financiamiento artístico mediante incentivos fiscales. También advirtió sobre el impacto social de los recortes nacionales en salud y el preocupante aumento de los casos de suicidio.

La provincia de Santa Fe ha reglamentado recientemente la Ley de Promoción Cultural, una iniciativa que busca regular y democratizar la inversión del sector privado en el ámbito artístico local. Según explicó la diputada provincial Varinia Drisun en diálogo con “Apuntes y Resumen” de Radio UNR esta normativa “no pretende reemplazar el rol vital del Estado, sino sumar una vía de financiamiento complementaria para proyectos que representen la diversidad territorial de la provincia”.

ESTÍMULO. El mecanismo establece un estímulo para las empresas a través de una quita impositiva del 10% en el pago de ingresos brutos, recursos que se destinan directamente a los proyectos aprobados por una comisión evaluadora integrada por el Ministerio de Cultura, legisladores y universidades.

CÓMO FUNCIONA LA LEY. La nueva Ley de Promoción Cultural en Santa Fe busca regular y democratizar la inversión del sector privado en la cultura local, funcionando como una vía de financiamiento complementaria a la inversión pública del Estado. El mecanismo central de la ley establece un incentivo fiscal para las empresas que financien proyectos artísticos, permitiéndoles obtener una quita impositiva del 10% sobre el total que deben pagar por ingresos brutos, calculado en base a su balance del año anterior.

Una vez que el proyecto es aprobado, se contempla la creación de una cuenta específica donde se depositan directamente los recursos para el actor cultural beneficiario. Para garantizar la transparencia y la equidad en la distribución de los fondos, los proyectos deben ser presentados ante una comisión evaluadora conformada por integrantes del Ministerio de Cultura, legisladores y representantes de las universidades. Este comité tiene la tarea de seleccionar propuestas que cumplan con criterios de representación territorial, asegurando que los beneficios no se concentren solo en grandes ciudades como Rosario, sino que lleguen a artistas de toda la provincia y de pequeñas localidades. Además de apoyar producciones artísticas individuales o grupales, la normativa también permite destinar fondos a la revalorización de edificios culturales, como teatros, y a la recuperación del patrimonio histórico.

De acuerdo con la diputada Varinia Drisun, esta iniciativa “busca fomentar asociaciones virtuosas” entre lo público y lo privado, sin que esto signifique reemplazar el rol vital del Estado en la cultura, la cual es considerada parte del bien común. “El impacto esperado de la ley trasciende lo estrictamente artístico, ya que apunta a fortalecer la identidad comunitaria, promover la economía micro local en los pueblos y combatir el aislamiento social a través del desarrollo de propuestas culturales compartidas”, señaló.

“La cultura no es un gasto, es parte del bien común”

Finalmente, la diputada defendió la inversión pública histórica de Santa Fe en museos y espacios culturales, contrastándola con el discurso del Gobierno Nacional que intenta naturalizar la idea de que la cultura es un gasto innecesario.

SOBRE SALUD. Más allá del fomento a la cultura, Drisun manifestó su profunda preocupación por el complejo escenario social y sanitario que atraviesa la región, marcado por una caída en los niveles de vacunación y un alarmante incremento del 40% en los intentos de suicidio durante el último año.

La legisladora vinculó este fenómeno global con decisiones políticas nacionales que han derivado en recortes significativos al sistema de salud y a las políticas de salud mental. Para la diputada, el aislamiento social y la incertidumbre económica por no “llegar a fin de mes” agravan los padecimientos subjetivos de la población, requiriendo un abordaje estatal más potente y no un achicamiento de los recursos públicos.