El Consejo Interuniversitario Nacional cuestionó la intimación del gobierno nacional y advirtió que no puede garantizarse la normalidad académica sin recursos. Los rectores denunciaron una “provocación” y señalaron que la crisis deriva del incumplimiento de la Ley de Financiamiento

En medio del paro docente que atraviesa a las universidades públicas de todo el país, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió un comunicado en respuesta a la intimación del Ministerio de Capital Humano, que había exigido a las casas de estudio un plan para garantizar la continuidad de las clases.

Desde el organismo que nuclea a los rectores fueron categóricos: “Las universidades no son la causa de esta crisis”, y situaron el origen del conflicto en el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Poder Ejecutivo.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) salió al cruce de la intimación enviada por el Ministerio de Capital Humano a todas las universidades públicas, en la que el Gobierno exigió un plan de contingencia para garantizar la continuidad de las clases en medio del paro docente.

La nota oficial, firmada por el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez, otorgó un plazo de 48 horas para informar medidas concretas que aseguren el calendario académico, el acceso a los edificios y alternativas pedagógicas ante las medidas de fuerza. Además, advirtió sobre posibles consecuencias administrativas, auditorías e incluso la revisión de transferencias presupuestarias en caso de incumplimiento.

El planteo del Gobierno se apoyó en la defensa del derecho constitucional a “enseñar y aprender” y en el principio de continuidad del servicio público educativo, cuestionando que los paros deriven en la suspensión total de actividades.

Frente a ese escenario, el CIN respondió con un comunicado contundente que invierte el eje de responsabilidades y coloca el foco en el Poder Ejecutivo. “Las universidades no son la causa de esta crisis”, afirmaron, y remarcaron que el verdadero problema es el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso con amplias mayorías y aún sin aplicación efectiva.

El documento, firmado por el presidente del organismo, Franco Bartolacci, sostiene que las casas de estudio “permanecen abiertas y en funcionamiento”, pero advierte que lo hacen en un contexto de “severa restricción financiera, salarial y operativa” que impacta directamente en el normal desarrollo de las actividades.

Desde el sistema universitario cuestionaron además el encuadre del Gobierno, al considerar que la intimación desconoce el trasfondo estructural del conflicto. En ese sentido, señalaron que no puede exigirse normalidad académica sin garantizar previamente las condiciones materiales para sostenerla.

El CIN también defendió la autonomía universitaria y el funcionamiento del cogobierno, subrayando que las decisiones sobre calendarios, evaluaciones o reprogramaciones corresponden a cada institución. A su vez, planteó que el conflicto no puede reducirse a una tensión entre el derecho a huelga y el dictado de clases, sino que debe leerse en el marco de un incumplimiento estatal que condiciona todo el sistema.

En ese marco, los rectores interpretaron la intimación como un intento de trasladar la responsabilidad del conflicto a las universidades, cuando —según sostienen— es el propio Estado el que no cumple con las obligaciones legales votadas por el Congreso.

“La obligación primaria e indelegable es del Estado nacional”, remarcaron, y advirtieron que ninguna exigencia de operatividad puede desvincularse del financiamiento correspondiente.