El politólogo Diego Añaños afirmó que el conflicto universitario dejó de ser salarial y se convirtió en un incumplimiento legal del Estado, en el marco de una crisis económica con caída del consumo y aumento del endeudamiento
El politólogo Diego Añaños sostuvo que el conflicto en torno al financiamiento universitario dejó de ser una discusión salarial para transformarse en un problema institucional. “No es más una paritaria. Es un problema entre el Gobierno y la ley”, afirmó, al referirse a la negativa del Ejecutivo nacional de aplicar la norma votada por el Congreso que establece la actualización de salarios y presupuesto para las universidades públicas.
En ese sentido, Añaños cuestionó la reciente intimación oficial a los rectores para garantizar el dictado de clases en medio de medidas de fuerza. “La ley ya está. No hay más discusión. Lo que tiene que hacer el Gobierno es cumplirla”, señaló, y advirtió que el incumplimiento por parte del Estado genera un precedente grave en términos institucionales. “Cuando el Estado no cumple la ley, se rompe un principio básico de funcionamiento democrático”, remarcó.
El analista también vinculó este escenario con el contexto económico general, al que describió como contradictorio respecto del discurso oficial. Según explicó, si bien algunos indicadores agregados muestran crecimiento —como la compra de autos, propiedades o viajes al exterior—, esos consumos no reflejan la situación de la mayoría de la población. “Difícilmente un trabajador con un salario promedio pueda sostener ese nivel de consumo”, indicó.
En contraste, Añaños citó datos recientes que muestran una caída del consumo masivo del 5,1% interanual entre marzo de 2025 y marzo de 2026, marcando el peor registro en más de un año. Además, destacó que durante la actual gestión nacional el consumo solo creció en tres de los últimos 27 meses, lo que evidencia una tendencia sostenida a la baja. “El consumo viene cayendo en picada desde el inicio del gobierno”, sintetizó.
Otro de los ejes centrales de su análisis fue el endeudamiento de los hogares. Según detalló, el 60% de las familias argentinas tiene deudas y el promedio total —sumando compromisos bancarios y no bancarios— ronda los 7 millones de pesos. “Estamos hablando de una deuda equivalente a siete veces el salario promedio”, explicó, y agregó que el crédito que más creció es el destinado a gastos corrientes, no a inversión productiva.
Finalmente, advirtió sobre el deterioro en la capacidad de pago de las familias, reflejado en el aumento de la morosidad, que pasó del 2,7% al 10,6% en un año. “No solo cayó la capacidad de compra, sino también la capacidad de pago”, concluyó, al tiempo que planteó una fuerte crítica al discurso oficial: “La realidad económica está mostrando algo muy distinto a lo que sostiene el Gobierno”.