En diálogo con “Apuntes y Resumen”, la abogada penalista Sofía Basso desarmó los argumentos detrás del propuesta de ley que busca agravar las penas por denuncias falsas, alertando sobre el “silenciamiento de las víctimas” y las posibles condenas internacionales al Estado argentino.
La senadora santafesina Carolina Losada impulsa un proyecto de ley que busca agravar las penas para quienes realicen falsas denuncias, específicamente en casos de violencia de género. Aunque la iniciativa ha ganado notoriedad mediática recientemente, se trata de una propuesta que ya circulaba en ámbitos académicos y políticos desde finales de 2024.
Según la abogada penalista Sofía Basso, en contacto con “Apuntes y Resumen” de Radio UNR, “el debate carece de sustento en la realidad judicial”, ya que los datos de organismos como UNICEF y relevamientos locales indican que las denuncias falsas representan un porcentaje ínfimo, que oscila entre el 0,7% y el 3%, lo que convierte a esta discusión en “una herramienta de marketing político con una fuerte carga simbólica más que en una respuesta a una problemática real”.
Basso sostiene que el verdadero objetivo de instalar este debate no es resolver un problema estadísticamente significativo, sino “generar un clima de amedrentamiento y silenciamiento hacia las víctimas y sus entornos”.
IMAGINARIO DE MIEDO. Al proponer penas más severas, “se alimenta un imaginario de miedo que desalienta a las mujeres a denunciar por temor” a que, si el proceso no prospera por falta de pruebas o dificultades en las pericias, la acusación se vuelva en su contra.
GASLIGHTING. Este fenómeno de ataque se extiende también a los profesionales de la salud mental mediante el “gaslighting” o luz de gas, una práctica que busca desacreditar a los psicólogos que validan el discurso de las niñeces vulneradas cuando las estrategias judiciales para silenciar a las madres no son suficientes.
RETROCESO DE DERECHOS. Finalmente, la especialista advirtió que este tipo de iniciativas “se enmarcan en un contexto de retroceso de derechos y discursos odiantes que buscan desmantelar las conquistas de los movimientos feministas de las últimas décadas”.
CONSECUENCIAS PARA EL PAÍS. Más allá del impacto social inmediato, la aprobación de leyes que vulneran la perspectiva de niñez y el acceso a la justicia podrían acarrear graves consecuencias legales para la Argentina ante la comunidad internacional. El incumplimiento de los numerosos tratados de derechos humanos suscritos por el país derivará, según Basso, “en futuras condenas y reparaciones económicas que el Estado deberá afrontar por no garantizar los estándares mínimos de protección a las víctimas de violencia”.