La Militante de Vida con equidad y dignidad cuestionó la iniciativa del gobierno nacional que busca reemplazar la ley vigente y advirtió por un retroceso en derechos y prestaciones

La militante de Vida con Equidad y Dignidad y secretaria de Inclusión para Personas con Discapacidad, Gabriela Bruno, criticó el proyecto de ley enviado por el gobierno de Javier Milei al Senado bajo la consigna de “combatir el fraude” en pensiones por invalidez, y advirtió que la iniciativa implica un cambio de paradigma con impacto directo sobre derechos adquiridos. “Nos ubican en un lugar de sospecha permanente, como si acceder a una pensión fuera en sí mismo un delito”, afirmó.

En diálogo con La Marca de la Almohada, Bruno sostuvo que la propuesta oficial —que busca reemplazar la Ley de Emergencia en Discapacidad (N° 27.793)— no apunta a ampliar derechos sino a restringirlos. “La ley vigente ni siquiera fue plenamente implementada, pero ahora sí le dan entidad para modificarla casi por completo. Es un retroceso muy fuerte”, planteó.

La dirigente cuestionó además el argumento oficial sobre un supuesto crecimiento irregular de las pensiones no contributivas. “Para acceder hay que cumplir requisitos muy exigentes, incluso acreditar una situación de pobreza. No es un sistema laxo, sino todo lo contrario”, explicó, y remarcó que las ampliaciones en el acceso respondieron a criterios establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Uno de los puntos más críticos del proyecto, según Bruno, es la eliminación de la compatibilidad entre pensión y empleo formal. “La posibilidad de combinar ingresos es clave para promover autonomía. Con los montos actuales, que rondan los 270 mil pesos, es imposible sostener una vida independiente. Quitar esa opción es empujar a las personas a una mayor exclusión”, advirtió.

También alertó sobre cambios en el sistema de prestaciones y en el nomenclador que regula los servicios. “Se desarma un esquema que garantizaba cierta igualdad en el acceso. Si cada persona tiene que negociar individualmente con prestadores, quienes dependen del sistema público quedan completamente desprotegidos”, señaló.

Bruno apuntó además contra la política de auditorías impulsada por el gobierno, que —según indicó— se apoyó en prestadores privados en lugar de utilizar la red pública de salud. “Eso generó más obstáculos para las personas y abre interrogantes sobre el uso de recursos”, sostuvo.

El nuevo proyecto se da en un contexto de reconfiguración institucional tras la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ahora bajo la órbita del Ministerio de Salud. “Se anuncian actualizaciones que en muchos casos ni siquiera llegan a las instituciones. El sistema ya está funcionando con muchas dificultades”, advirtió.

Frente a este escenario, Bruno confirmó que organizaciones del sector impulsan medidas de visibilización y protesta. “Lo que está en juego es el acceso a derechos básicos. No se puede avanzar en este tipo de reformas sin escuchar a las personas con discapacidad y sin garantizar condiciones dignas de vida”, concluyó.