En diálogo con “Apuntes y Resumen” el rector de la UNR y actual presidente del CIN, Franco Bartolacci brindó detalles del fallo judicial de la Sala 3 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que rechazó la apelación del Gobierno Nacional y confirmó la medida cautelar que obliga a ejecutar los fondos destinados a salarios y becas, estableciendo que el cumplimiento debe ser efectivo sin más dilaciones.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó el fallo de primera instancia que ordena al Poder Ejecutivo Nacional cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta decisión judicial surge tras el rechazo a la apelación presentada por el Gobierno contra la cautelar impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El fallo destaca que la ley cuenta con una gran legitimidad institucional al haber sido aprobada por amplia mayoría en el Congreso, y desestima los argumentos oficiales que buscaban frenar su aplicación.
El dictamen judicial establece que el cumplimiento de la norma debe ser de carácter inmediato, independientemente de que el Gobierno decida elevar el caso a la Corte Suprema de Justicia. Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, aclaró en “Apuntes y Resumen” de Radio UNR que, a diferencia de instancias anteriores, esta apelación no tiene efectos suspensivos, por lo que el Estado debe comenzar a aplicar la recomposición salarial y de becas de forma efectiva. Según los análisis del CIN, el desfasaje acumulado frente a la inflación desde 2023 requiere una recomposición cercana al 45% para el personal docente y no docente.
Desde el ámbito universitario, se valora esta resolución como un logro fundamental frente a la falta de voluntad de diálogo y la ausencia de respuestas por parte de las autoridades nacionales. Bartolacci señaló que la presentación judicial se centró específicamente en los salarios y las becas por ser los aspectos más urgentes y dramáticos que atraviesa la comunidad científica y académica. El rector enfatizó que el fallo no solo ordena cumplir la ley, sino que también ratifica los fundamentos del reclamo universitario respecto a las dificultades presupuestarias que ponen en riesgo el funcionamiento del sistema.
Finalmente, la justicia también rechazó los cuestionamientos del Gobierno hacia el juez de primera instancia, Enrique Cormick, a quien el Ejecutivo pretendía descalificar por su condición de docente universitario. El tribunal consideró este argumento como “un disparate”, reafirmando la imparcialidad del magistrado en su decisión de proteger el derecho al acceso a la educación superior. Ahora, resta esperar los plazos de notificación administrativa para que el Gobierno Nacional haga efectiva la aplicación de los fondos, bajo riesgo de enfrentar sanciones judiciales por incumplimiento.