La justicia provincial dictó sentencia contra nueve uniformados por un violento operativo ocurrido en 2018. Desde la APDH destacaron el avance contra la impunidad, aunque señalaron que “aún persiste el descreimiento hacia el relato de las víctimas”, lo dijo en diálogo con “La Marca de la Almohada” la abogada Julia Giordano, integrante de la organización.

A ocho años de los hechos, la justicia provincial de Rosario dictó sentencia en la causa que investigaba un violento operativo policial ocurrido el 23 de marzo de 2018 en la zona oeste de la ciudad en lo que se denomina como las “Cuatro Plazas”. De los 21 efectivos imputados, nueve fueron condenados por apremios ilegales e incumplimiento de deberes de funcionario público, mientras que once resultaron absueltos por el beneficio de la duda.

Tras conocerse el veredicto, cuatro de los agentes que recibieron las penas más altas fueron detenidos inmediatamente en la sala y trasladados al servicio penitenciario.

EL CASO se originó a partir de una persecución sin fundamentos claros contra un grupo de siete jóvenes que se encontraban reunidos en el espacio público. Según se probó en el juicio, los chicos fueron obligados a colocarse contra un patrullero, insultados, golpeados y amenazados de muerte. Uno de los jóvenes, que intentó huir en actitud defensiva, fue alcanzado por un disparo de escopeta y posteriormente golpeado de forma salvaje por los agentes.

Los abusos continuaron en la Comisaría 14, donde las víctimas sufrieron vejaciones adicionales, incluyendo amenazas de violencia sexual y humillaciones físicas.

Julia Giordano, representante de la la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario y querellante en la causa, detalló en “La Marca de la Almohada” que las condenas variaron entre los 3 y los 4 años de prisión. Los castigos más severos se aplicaron a quienes ejercieron violencia física directa, mientras que otros agentes recibieron penas condicionales por presenciar los hechos sin intervenir ni denunciar a sus compañeros.

Para la organización, esta sentencia es un mensaje fundamental que intenta romper el pacto de impunidad dentro de las fuerzas de seguridad, aunque advirtieron que la justicia todavía otorga un peso excesivo al beneficio de la duda frente a testimonios coherentes de las víctimas.

“Para los jóvenes afectados, este proceso legal de casi una década estuvo marcado por un constante hostigamiento y amenazas por parte de la fuerza policial”, dijo Giordano. Durante los años de espera, las víctimas debieron modificar radicalmente sus vidas, moviéndose siempre acompañadas por temor a represalias, e incluso algunas optaron por abandonar la ciudad de Rosario para recuperar la tranquilidad. A pesar de la emoción y el alivio que generó el fallo, la querella confirmó que “apelará las absoluciones una vez que se publiquen los fundamentos completos de la sentencia”.