En una mesa de análisis profundo en Radio Universidad, especialistas en derecho, psicología, justicia y política advirtieron sobre las graves consecuencias de la media sanción en la Cámara de Diputados, denunciando la falta de debate real y el desfinanciamiento de las políticas de protección integral. Participaron: Matilde Bruera, Alejandro Cardinale, Silvia Lampugnani y Luciano Vigoni.
La reciente aprobación en la Cámara de Diputados del nuevo Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de punibilidad de 16 a 14 años, fue el eje central de una intensa “Tertulia de Viernes” en Radio UNR.
Con la conducción de Lisandro Leoni y Diego Fiori, la mesa contó con las intervenciones de Matilde Bruera (ex defensora federal y titular de la cátedra de penal de la Facultad de Derecho de la UNR), Alejandro Cardinale (Juez penal juvenil), Silvia Lampugnani (Dra en psicología y directora de la carrera de Especialización en Psicología Clínica, Institucional y Comunitario en la Facultad de Psicología de la UNR) y Luciano Vigoni (politólogo e investigador de Juventudes), quienes coincidieron en señalar que la medida se tomó sin un debate técnico profundo.
PUNIBILIDAD x IMPUTABILIDAD. Matilde Bruera, abogada y titular de la cátedra de Derecho Penal, aclaró que técnicamente se trata de una baja en la edad de punibilidad y no de imputabilidad, definiéndola como una decisión político-criminal que prioriza el castigo sobre las políticas sociales. Bruera enfatizó que el límite de 16 años fue una conquista de la democracia en 1983 y no un resabio de la dictadura, como sostuvieron algunos sectores en el Congreso para justificar el cambio. Para la especialista, criminalizar a las infancias pobres en un contexto de destrucción de derechos laborales y sociales representa un movimiento hacia una “verdadera dictadura” donde se anulan los derechos sustanciales,.
INCUMPLE TRATADOS INTERNACIONALES. Desde la perspectiva judicial, el juez penal juvenil Alejandro Cardinale advirtió que el sistema penal es selectivo y que esta reforma no aborda las causas estructurales del delito. Cardinale señaló que Argentina está incumpliendo compromisos internacionales y observaciones de organismos como el Comité de los Derechos del Niño, que instan a los Estados a no reducir la edad de punibilidad. Asimismo, denunció que la respuesta estatal actual en los lugares de encierro suele ser “aberrante y cruel”, lo que lejos de solucionar el problema, termina por reforzar las trayectorias delictivas al no ofrecer alternativas pedagógicas ni de futuro para los jóvenes.
CATASTROFE SOCIAL. La psicóloga Silvia Lampugnani aportó una mirada sobre la subjetividad de los menores, afirmando que responsabilizar a un niño de 13 o 14 años es una forma de desresponsabilizar a los adultos que no garantizaron sus derechos básicos. Según Lampugnani, existe una “catástrofe social” donde se han roto los lazos de empatía, y advirtió que muchos adolescentes que cometen delitos no tienen conciencia del daño causado debido a su falta de registro del otro. La experta definió el clima actual como una “irradiación horizontal del odio” y criticó que se pretenda resolver con encierro lo que es, en realidad, un problema de abandono y falta de horizontes.
MÁS VIOLENCIA. Finalmente, el politólogo e investigador Luciano Vigoni alertó sobre el aumento de la violencia que generará esta ley a largo plazo al “mezclar” a niños de 14 años en pabellones con jóvenes mayores, funcionando como una fábrica de reclutamiento para el narcotráfico. Vigoni contrastó los presupuestos nacionales, mencionando que se destinarán 23.000 millones de pesos para este régimen penal, mientras se recortan fondos para universidades y educación. Concluyó que el Estado está presente “tempranamente desde la punición y la golpiza”, pero ausente en la oferta de salud mental, clubes y espacios que permitan a los jóvenes construir proyectos de vida dignos.
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Participaron de la Tertulia de Viernes en Radio UNR: Alejandro Cardinale, Matilde Bruera, Silvia Lampugnani y Luciano Vigoni.