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El Gobierno reglamentó la ley por presión judicial, pero organizaciones sostienen que “no resuelve el ajuste brutal”

A horas de vencer el plazo impuesto por la Justicia federal, el Ejecutivo publicó la reglamentación de la ley de emergencia en discapacidad. Desde el colectivo Discas en Lucha alertan que el financiamiento queda atado a la “disponibilidad presupuestaria” y que la norma se aplica de manera parcial y regresiva

El Gobierno nacional reglamentó este martes la ley de emergencia en discapacidad, luego de una intimación de la Justicia federal que había fijado como fecha límite el 4 de febrero. La medida fue publicada en el Boletín Oficial, pero lejos de llevar tranquilidad a las organizaciones del sector, encendió nuevas alarmas por el alcance real de su implementación.

Uno de los puntos más controvertidos de la reglamentación es el esquema de financiamiento, que establece un sistema de cofinanciamiento entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “sujeto a la disponibilidad presupuestaria” de cada jurisdicción. Para las organizaciones, esta cláusula habilita que el ajuste recaiga nuevamente sobre las personas con discapacidad.

“Siempre vamos a celebrar cualquier avance, pero no tan rápido: esto no soluciona la vida de las personas con discapacidad”, advirtió Laura Alcaide, integrante de la Asamblea Discas en Lucha y del colectivo Orgullo Disca, en diálogo radial. Según explicó, la reglamentación llega “por apuro”, para evitar sanciones judiciales a funcionarios, y no como resultado de una decisión política genuina.

Alcaide señaló que la ley ya tenía graves limitaciones y que la reglamentación profundiza ese problema. “Venimos de un ajuste enorme en discapacidad, empezando por la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad, que perdió autonomía, jerarquía y programas. Cuando se quiera aplicar esta ley, vamos a encontrar millones de trabas”, sostuvo.

Entre las principales urgencias que, según denunció, no fueron contempladas adecuadamente, se encuentra la situación del empleo protegido. “Hay trabajadores con discapacidad que cobran 18 mil pesos por mes. Eso es lo más cercano a la esclavitud. La prioridad era que pasen a cobrar, como mínimo, un salario mínimo vital y móvil, y eso no aparece claramente en la reglamentación”, explicó.

Otro eje sensible es el régimen de pensiones. Si bien la reglamentación prevé un proceso de revisión, Alcaide destacó como central que las pensiones suspendidas de manera irregular deban ser restituidas de forma inmediata. “Eso no debería demorar ni un día más”, remarcó.

Las organizaciones también cuestionaron que el Gobierno mantenga su apelación judicial mientras reglamenta la ley, lo que interpretan como una estrategia para dilatar o entorpecer su aplicación efectiva. “Es una treta: se desentienden a nivel nacional y trasladan la responsabilidad a las provincias, que después pondrán sus propias trabas”, alertó Alcaide.

Pese a la publicación de la reglamentación, desde Discas en Lucha advierten que el conflicto está lejos de cerrarse. “Es una victoria parcial, ganada por la lucha popular y la presión social, pero seguimos en pie de lucha”, concluyó la referente.