Mientras el gobierno nacional presentó ante la justicia un escrito en el que se compromete a comenzar a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad y pide tiempo desde APRIDIS, su presidenta, Mariel Chapero le cuenta a “La Marca de la Almohada” que “los usuarios y prestadores no pueden esperar más”. “Se dejaron de brindar prestaciones fundamentales y los problemas se van a ir incrementando”, afirmó.

El gobierno nacional presentó ante la justicia federal de Campana un escrito en el que se compromete a comenzar a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad. La respuesta del Ejecutivo, a través de la Procuración del Tesoro, llegó sobre el filo del vencimiento del plazo que le había fijado el juez Adrián González Charvay para dotar de fondos a la norma antes de aplicar multas económicas a varios ministros y funcionarios del gabinete libertario.

Las organizaciones del colectivo que impulsaron el amparo, de todos modos, siguen desconfiando de las intenciones reales del Gobierno, sobre todo luego de que decidiera el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y su degradación a una mera secretaría dentro de la órbita del Ministerio de Salud.

Así lo dijo en “La Marca de la Almohada” Mariel Chapero, presidenta de Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe (APRIDIS): “El gobierno lo plantea como una mera cuestión organizativa pero la situación hoy no permite cumplir con los compromisos de la ANDIS por la burocracia del Estado. Ya deberíamos haber cobrado en diciembre y no han alcanzado a pagarnos no por falta de presupuesto sino por falta de personal y burocracia”.

Con relación al amparo en la justicia cuenta que las apelaciones de parte del gobierno de Javier Milei siguen. “La causa sigue su curso pero la ley tiene que implementarse y el gobierno alega que necesita tiempo, pero las instituciones, prestadores y las personas con discapacidad ya no tienen este tiempo” y reconoce que probablemente sea implementada porque de lo contrario “va a haber sanciones contra los funcionarios que no aplican la ley”.

En la situación actual Mariel Chapero sostiene que “adeudan recomposiciones de pensiones, pagar deudas y faltan accesos al sistema de prestaciones a personas con discapacidad”, que según sostiene “es solo generar condiciones mínimas para la subsistencia a los servicios que se prestan”.

Al mismo tiempo reconoce que “hay usuarios que están en la búsqueda de espacios de prestadores que puedan brindar estos servicios, otros que se quedan sin la obra social, o sea sin posibilidad de acceder a los mismos que no existen en el sector público”.

LA LEY DEL MAS FUERTE. Para la titular de APRIDIS “Esta abandono del Estado lleva a que quienes sobreviven sean los prestadores más fuertes, los más grandes. Esta lógica desemboca en la concentración de los servicios en los espacios más grandes y las pequeñas instituciones o prestadores tienden a la desaparición y por esto el sistema deja por fuera al que menos posibilidades tiene. Cierran instituciones pequeñas porque no pueden renovar un alquiler, como le sucede a cualquier trabajador”, dijo.

Chapero grafica esta dificultad en que “los espacios de atención de personas con discapacidad requieren condiciones de habitabilidad y accesibilidad para funcionar, con condiciones de seguridad que demandan a las instituciones que realicen inversiones importantes, cosa que hoy es imposible hacer”.