Un informe de la Cámara de Tratadores de Residuos (Catries) expuso la fragilidad del sistema de gestión en las pequeñas localidades y el bajo tratamiento de desechos industriales. Su presidenta, Claudia Kalinec, instó a una planificación regional urgente para erradicar los focos de contaminación
La problemática de la disposición final de residuos continúa siendo una deuda pendiente en materia de infraestructura y salud pública. A nivel nacional se contabilizan más de 5.000 basurales a cielo abierto, de los cuales unos 400 se encuentran activos en territorio santafesino. En diálogo con La Marca de la Almohada, Claudia Kalinec, presidenta de la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales (Catries), analizó esta coyuntura y aseguró que la situación provincial funciona como una “alarma nítida que muestra con crudeza lo que pasa en gran parte del país”.
Si bien las estadísticas indican que el 80% de la población de la provincia —concentrada mayormente en los grandes aglomerados como Rosario y la capital— dispone sus desechos en rellenos sanitarios autorizados, la dificultad crítica radica en las localidades de menor escala. Kalinec remarcó que la desigualdad territorial y la falta de presupuesto empujan a los municipios pequeños a la informalidad. “Si un municipio no puede costear el traslado o la operación de un relleno, termina recurriendo a la única opción inmediata: tirar la basura en un predio sin tratamiento”, detalló la referente, advirtiendo que esa solución económica se transforma rápidamente en “un pasivo ambiental y sanitario enorme”.
El escenario se agrava al considerar la gestión del sector productivo. Según datos del Observatorio de Residuos, una iniciativa conjunta entre Catries, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la UBA, de los 25 millones de toneladas de residuos industriales generados anualmente en el país, apenas el 4,07% recibe el tratamiento adecuado. La directiva sostuvo que estos predios a cielo abierto reciben basura mezclada, sin separación, lo que deriva en lixiviados tóxicos que contaminan las napas y emisiones nocivas. “No es un problema inevitable, es un problema de decisión y de inversión”, sentenció.
Actualmente, existen 70 espacios identificados con alto riesgo hídrico o vial que están en proceso de priorización para su clausura. Frente a los avances en localidades como Venado Tuerto hacia sistemas de gestión regional, Kalinec valoró la iniciativa pero enfatizó que el cierre de un basural es solo el comienzo. Como conclusión, la titular de Catries proyectó que “Santa Fe tiene la oportunidad de ser un modelo nacional si consolida una red integrada de disposición final”, basada en infraestructura común y controles sostenidos.