Tras casi dos años de audiencias, la causa que juzga delitos de lesa humanidad cometidos contra obreros metalúrgicos en 1975 en Villa Constitución entra en su recta final. Organizaciones y familiares convocan a una jornada de acompañamiento en Tribunales Federales

A casi dos años del inicio del histórico juicio conocido como El Villazo, la causa que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución en 1975 transita sus últimos días. Este lunes se realizará la audiencia de réplicas y dúplicas a los alegatos que comenzaron en mayo, y se espera que el tribunal anuncie próximamente la fecha del veredicto.

En la previa, organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos convocaron a una jornada de “aguante” a partir de las 10 de la mañana en las puertas de los Tribunales Federales de Rosario, en calle Oroño al 900, para acompañar a las víctimas, familiares y sobrevivientes que esperan una sentencia que lleva más de medio siglo de espera.

La abogada Gabriela Durruty, integrante del equipo querellante en la causa y defensora de los sindicalistas detenidos en los años 70, explicó en diálogo con La Marca de la Almohada que “se fijó la última audiencia para este lunes, y queda solo el derecho de los imputados a hacer uso de la palabra”. Luego, añadió, “el tribunal debería dar a conocer la fecha de la condena”.

Durruty señaló que el paso del tiempo es un factor decisivo: “Transcurridas más de cinco décadas, el tiempo obliga a acelerar los procesos. Hemos perdido muchos compañeros que no llegaron a presenciar el juicio y también imputados que murieron durante el proceso”.

La letrada subrayó además la relevancia institucional de este debate: “Nos parece trascendental que el Derecho Penal pueda reconstruir de la forma más fidedigna lo ocurrido. Es la primera vez que logramos que al menos dos de los imputados que ocuparon puestos jerárquicos en Acindar estén acusados”, señaló, en referencia a los exdirectivos Roberto Pellegrini y Ricardo Torralvo, sobre quienes pesa un pedido de prisión perpetua por responsabilidad empresaria.

Durante el juicio, se ventilaron ocho casos de homicidio agravado, así como privaciones ilegales de la libertad, tormentos agravados y asociación ilícita, con víctimas vinculadas a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución y militantes de la lista Marrón, que poco antes había ganado las elecciones sindicales.

Durruty remarcó que “durante el período de prueba pudimos demostrar cada uno de los hechos por los que se acusó, así como la responsabilidad de todos los involucrados: el rol de las fuerzas de seguridad, del Estado, de la burocracia sindical y de Acindar”. Explicó que, aunque el derecho penal no puede condenar instituciones, “sí puede responsabilizar a las personas que formaron parte de ellas con un rol activo en la comisión de hechos ilícitos”.

“Las pruebas fueron claras y contundentes —añadió— respecto a que los hechos ocurrieron tal como las víctimas los relataron y que los responsables son quienes están sentados en el banquillo, aunque muchos otros murieron sin ser juzgados”.

Los hechos que se juzgan ocurrieron entre marzo y junio de 1975, en el marco de una represión sistemática contra la resistencia obrera y sindical en el cordón industrial del sur santafesino. Según la acusación fiscal, los secuestros y torturas fueron la respuesta a la movilización conocida como El Villazo, cuando los trabajadores metalúrgicos recuperaron la seccional de la UOM, enfrentando tanto al aparato estatal como a sectores empresariales y paraestatales.

Durante los alegatos de cierre, la Fiscalía solicitó prisión perpetua para los dos exdirectivos de Acindar y penas de entre 10 y 25 años para los policías federales y de la guardia rural imputados en un total de 67 casos. La querella de la APDH hizo pedidos similares, con dos perpetuas y otras condenas que van de 16 a 25 años.

El requerimiento inicial de la causa señala que la represión en Villa Constitución formó parte de “una estrategia de aniquilamiento de la resistencia obrera que se extendió a Rosario, San Nicolás y San Lorenzo, y que continuó luego del golpe de Estado de 1976”.