Por: Florencia Laura Rovetto
Secretaria del Área de Género y Sexualidad de la UNR
Una sociedad horrorizada, espantada, conmovida se encuentra digiriendo el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara. ¿Es posible metabolizarlo con una dieta basada en sensacionalismo, narcocriminalidad, rotura del tejido social y Estado ausente?
Si fuera posible asimilar un acontecimiento semejante nos preguntamos por los efectos entrelazados y propiciatorios de este gravísimo hecho en relación con lo que el Estado HACE, lo que el Estado NO HACE, lo que el Estado DEJA HACER.
Lo que el Estado HACE: asfixia y aniquilación
El Estado, en su cruzada de ajuste y desregulación, no sólo ha decidido desfinanciar las políticas de género sino empobrecer a toda la población, a excepción de los más ricos que siempre son los únicos beneficiados.
El informe Igualar de UNICEF revela que las mujeres representaron el 64% de la población de menores ingresos en Argentina.
El desfinanciamiento brutal a las políticas de género y su desmantelamiento ha implicado un profundo retroceso en el abordaje de las desigualdades y violencias de género. En 2024 y 2025, los recortes en esta área han sido desproporcionadamente altos en comparación con el presupuesto nacional general, afectando directamente a los programas destinados a reducir las brechas de género.
Niega, niega que algo queda. La administración nacional justifica los recortes con argumentos como que “la violencia no tiene género” y que los gastos en estas políticas son “superfluos”.
En un breve lapso de tiempo se eliminaron dependencias gubernamentales, se redujo el presupuesto de la Línea 144, un servicio clave para la atención de la violencia de género. Se eliminó el Programa Acompañar, que otorgaba asistencia económica a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género. El desfinanciamiento ha afectado la provisión de recursos para la implementación de políticas de salud sexual y reproductiva, incluyendo el acceso a métodos anticonceptivos y a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). En materia de asistencia a las víctimas, el desfinanciamiento afecta directamente la atención integral a personas en situación de violencia, incluida la asistencia psicológica, económica y habitacional.
Un Estado que HACE un ajuste semejante, asfixia y deja a la intemperie a mujeres y niñas, así como a las personas LGBTI+, que ya son las más afectadas por la pobreza y la desigualdad estructural, aumentando el riesgo de feminicidios, travesticidios y transfemicidios.
Según los datos más actualizados de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2024 se contabilizaron 228 víctimas directas de femicidio y 19 víctimas de femicidio vinculado, lo que implica 247 víctimas letales de violencia de género en Argentina durante 2024. Las 228 víctimas directas de femicidio incluyen 220 víctimas mujeres cis y 8 víctimas mujeres trans/travestis.
Las políticas desmanteladas agravan las desigualdades preexistentes y generan un profundo retroceso en materia de derechos.
Lo que el Estado NO HACE: la indiferencia y la estigmatización matan
Las escenas que hoy vemos en la tele, que nos conmueven y horrorizan son el reflejo de la ruptura del tejido social. Tal descomposición comunitaria no se inicia con el actual gobierno, sino que se ha hecho más profunda y letal.
El morbo mediático de siempre contribuye con la deshumanización de los sectores populares recargada de prejuicios y estigmas (“ojalá caguen en un balde toda la vida”, “era prostitutas y debería haber estado en la escuela”, “se lo buscaron”, “en algo andaban”, “eran viudas negras”, “amante de los boliches”, entre otras) nos alejan de la posibilidad de comprensión de estos fenómenos, así como de proponer acciones para afrontarlos.
La narrativa mediática desbocada objetualiza el cuerpo de las mujeres mediante múltiples dimensiones imbricadas en las relaciones de poder y desigualdad de clase y género. Las imágenes muestran todo junto, y estas figuraciones se tornan indispensables para justificar las operaciones pedagógicas de la crueldad sobre el cuerpo de las mujeres, sobre todo si son jóvenes y pobres.
Un Estado en retirada NO HACE nada por evitar estas muertes. No ofrece más que capitalismo salvaje y represión en los territorios. No promueve comunidad ni redes de cuidados, despoja a las organizaciones sociales de su capacidad de contención y expone a las y los jóvenes a sobrevivir como puedan.
Las mujeres de 14 a 29 años tienen la tasa de desocupación más importante del mercado laboral argentino. El 1er trimestre de 2025, este subgrupo poblacional, alcanza una tasa de desocupación de 19,2 mientras que la tasa general de desempleo es de 7,9 en el mismo período.
El Estado NO HACE nada por evitar la destrucción de las tramas sociales que hacían de lo común una condición de posibilidad de la vida, asumiendo umbrales mínimos de dignidad atados a la sencilla razón vivir una vida vivible. No obstante, si bien el debilitamiento de los vínculos comunitarios tiene en nuestro país unas cuantas décadas, “no perdamos de vista que la profundización de esos daños sea una política de Estado porque no es lo mismo ver el problema de un Estado inútil, incluso un Estado corrupto o torpe, que considerar al Estado como promotor explícito de la destrucción. No es lo mismo un gobierno inoperante, que un gobierno que empobrece y niega a figura de femicidio…”.[1]
El Estado actual no condena el Femicidio. En enero de este año, Javier Milei participó del Foro Económico Mundial de Davos. Allí, criticó la figura legal del femicidio: “Llegamos al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima. Legalizando, de hecho, que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”.
El femicidio como categoría del campo jurídico permite identificar la muerte violenta de mujeres, o personas con identidad de género feminizada, por razones de género, como odio, discriminación, misoginia o desprecio, en el contexto de una desigualdad histórica y sistemática de poder entre los géneros. Es la forma más extrema de violencia contra las mujeres y se diferencia del homicidio por su motivación de género, ya que el objetivo es expresar esa desigualdad y poder.
La figura de femicidio, discutida y negada por el actual gobierno, ha conseguido revertir el tradicional atenuante de la figura de crimen pasional por el cual el perpetrador resultaba dispensado de cierta responsabilidad sobre su crimen, pero además a puesto el foco en los contextos propiciatorios y habilitantes de las violencias extremas.
Lo que el Estado DEJA HACER: crimen organizado y pobreza
“Entre la mafia y el Estado prefiero a la mafia. La mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente, la mafia compite”, dijo Milei en la campaña electoral que lo llevo a la presidencia del país.
La narcocriminalidad no se explica sin la complicidad de las fuerzas de seguridad como presencia del Estado en los barrios para entre otras cosas, organizar el nivel de despliegue que tienen narcomenudeo.
Pero para que haya complicidad de la policía también tiene que haber complicidad de la política. Un sistema político que DEJA HACER a pequeñas bandas, pero también promueve el blanqueo de capitales de peces gordos.
“Estas muertes no podrían haberle pasado a cualquiera” dijo Georgina Orellano, “les pasan a las pobres”, la secretaria de Ammar[2], en la concentración que se organizó espontáneamente tras la evidencia de los cuerpos sin vida de las Morena, Brenda y Lara, y a 10 años de la primera y masiva marcha Ni Una Menos.
Esto no es nuevo para nadie y menos para quienes vivimos en Rosario. Entre 2014 y 2024 hubo 172 muertes de mujeres en contexto de crimen organizado[3]. De hecho, las escaladas en las estadísticas de muertes violentas se explican también por el ensañamiento hacia el cuerpo de las mujeres, algo que ni los análisis periodísticos ni las políticas de demagogia punitiva suelen considerar.
En su artículo sobre parientes y emprendedoras, Eugenia Cozzi aborda la participación de mujeres en el mercado local ilegal de drogas en la ciudad de Rosario. Allí señala que la gran mayoría de las mujeres participa de una manera subordinada. Igual que los jóvenes: en los peores puestos, peores pagos, con mayores riesgos de persecución penal y violencia.[4]
Estamos hartas de comer muertas. Nada de esto se puede digerir sin comprender las condiciones que los habilitan y promover reconstruir la comunidad, así como las políticas públicas que combatan la impunidad, tanto para los criminales como para los funcionarios públicos que colaboran con ellos.
[1] Georgina Orellano e Ileana Arduino (2025) “Brenda, Morena y Lara: las preguntas que faltan”. En revista Anfibia https://www.revistaanfibia.com/
[2] Sindicato AMMAR https://www.instagram.com/ammar.sindicat/?hl=es
[3] Al respecto consultar informa MUMALA https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/en-los-ultimos-cinco-anos-128-mujeres-fueron-victimas-feminicidios-contexto-narco-santa-fe-n10218171.html
[4] Cozzi, Eugenia (2024). Parientes y emprendedoras. Formas de participación de mujeres en el mercado local ilegal de drogas en la ciudad de Rosario (Argentina). Anuario Latinoamericano–Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, 16(1), 19-36.