La Comisión de Poder Judicial de la Convención Constituyente se reunirá este jueves para dictaminar sobre la reforma de la Carta Magna santafesina. Su presidente, Lisandro Enrico, adelantó que hay consensos en torno a la jerarquización del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio de Defensa, la integración de la Corte y los límites a los mandatos de sus jueces, aunque persisten diferencias sobre el diseño institucional de estos organismos

La reforma constitucional en Santa Fe transita una etapa decisiva. La Comisión de Poder Judicial y otros poderes constitucionales, que preside Lisandro Enrico (Unidos), se encamina a elaborar su dictamen luego de un extenso proceso de audiencias con actores de la sociedad civil y del ámbito jurídico. La reunión para formalizar el texto unificado está convocada para este jueves a las 9 de la mañana.

Desde la apertura de la Convención, se realizaron 13 audiencias públicas con la participación de más de 50 expositores: representantes de la Corte Suprema de Justicia provincial, el procurador de la Corte, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Servicio Público de Defensa Penal, colegios de abogados de toda la provincia, facultades de Derecho públicas y privadas, asociaciones de fiscales y defensores, magistrados, el Sindicato de Trabajadores Judiciales y la Defensoría del Pueblo.

En diálogo con La Marca de la Almohada, Enrico valoró ese proceso: “Todos los miembros de la comisión tenemos que formalizar un texto de unificación. Celebramos 13 audiencias escuchando a universidades, gremios y miembros del Poder Judicial para tomar definiciones. Entramos en una semana clave, definitiva, para elevar dictámenes”.

Uno de los ejes centrales es la organización judicial. “Hay consensos en cuanto a reconocer al Servicio Público de la Defensa y al Ministerio Público de la Acusación, o como se denomine, con jerarquía constitucional y con autonomía funcional y autarquía financiera. Aún no se definió si eso se logra dentro del propio Poder Judicial con esa autonomía o por fuera”, explicó Enrico.

El convencional agregó que todavía no está cerrado el diseño institucional del MPA: “No tenemos al día cuál va a ser su alcance. Lo que está claro es que tendrá reconocimiento constitucional, autonomía funcional y una misión definida: es la cabeza de todos los fiscales que investigan delitos. Existen diversas propuestas y deberemos encontrar el consenso para lograr dictamen”.

Otro capítulo clave es la integración de la Corte Suprema y la duración de los mandatos de sus miembros. Dentro de Unidos conviven dos proyectos mayoritarios: el del Partido Socialista y el de la UCR. Ambos coinciden con el PJ en que la Corte debe componerse de siete miembros, pero difieren en los criterios de selección. Los radicales proponen “equilibrio de género y representación territorial”, mientras que los socialistas impulsan la “paridad de género” y la participación ciudadana a través de audiencias públicas previas al acuerdo entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.

Más para Santa Fe (PJ) comparte la idea de siete cortesanos, pero plantea sumar un procurador general. En cuanto a la duración de los mandatos, el radicalismo propone que los jueces cesen en sus cargos a los 75 años, con la posibilidad de una prórroga de cinco años con acuerdo legislativo. El socialismo impulsa un límite de 20 años o 75 de edad, lo que ocurra primero, con evaluaciones periódicas cada cinco años. El PJ sostiene un esquema similar al radicalismo.

En todos los casos, los proyectos coinciden en que los cortesanos deberán estar sujetos al juicio político. Y en cuanto a competencias, el proyecto radical establece que la Corte será tribunal de alzada en recursos de inconstitucionalidad, revisión de sentencias penales, conflictos de competencia, atribuciones entre poderes y litigios entre municipios y la provincia.

Enrico destacó que también hay avances en los mecanismos de selección y control: “Hay posibilidades de acuerdo en avanzar en un esquema de selección de jueces, fiscales y defensores a través del Consejo Asesor de la Magistratura, en crear un tribunal de enjuiciamiento y un órgano de acusación independiente. Pero falta la determinación concreta en cuanto a la integración de esos órganos”.

Para el presidente de la comisión, el objetivo final de la reforma es reforzar el equilibrio republicano: “La independencia de poderes en una república es una cara de la moneda. La otra cara es el contrapeso de los distintos poderes del Estado. Así como el Poder Judicial puede paralizar una medida del Ejecutivo o del Legislativo, esos poderes también deben tener herramientas de contrapeso sobre el Judicial”.

Con la mirada puesta en el jueves, Enrico insistió: “Estamos ante una semana definitoria. El desafío es traducir en un texto constitucional los consensos que recogimos en audiencias, y al mismo tiempo encontrar soluciones para las diferencias. El resultado debe ser un esquema judicial moderno, autónomo y equilibrado, capaz de dar respuestas a la ciudadanía”.