El gobierno nacional propuso pagar $5.000 millones mensuales durante seis meses, pero la provincia lo consideró insuficiente. “No vamos a resignar un solo centavo”, advirtió el gobernador Maximiliano Pullaro

Este martes se desarrolló una nueva audiencia de conciliación entre la Nación y la Provincia de Santa Fe ante la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la demanda que el gobierno santafesino impulsa por el incumplimiento del envío de fondos para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones. La propuesta inicial del Ejecutivo nacional fue rechazada por la provincia, que la consideró alejada de sus derechos legales y financieros.

El conflicto gira en torno al incumplimiento del Estado nacional de transferir los fondos que, por ley, debe enviar a las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación. Santa Fe, una de esas provincias, reclama que desde la llegada de Javier Milei al poder no se han girado las partidas correspondientes y que la deuda acumulada ya asciende a casi dos billones de pesos.

Según informó el secretario de Seguridad Social de la provincia, Jorge Boasso, Nación propuso un esquema de pagos de $2.000 millones mensuales durante seis meses, lo cual fue considerado “irrisorio” por Santa Fe. Tras el rechazo, la oferta fue elevada a $5.000 millones mensuales, el mismo monto que se acordó con la provincia de Córdoba.

“Cuando dijimos que no, subieron a $5.000 millones por mes, que es la misma oferta que le realizaron a Córdoba”, explicó Boasso, quien participó de la audiencia junto al fiscal de Estado, Domingo Rondina.

Desde el gobierno santafesino manifestaron su disconformidad con la propuesta. “El gobernador Maximiliano Pullaro ya había anticipado que no iba aceptar el mismo monto que se le ofreció a Córdoba”, recordó Boasso. Por eso, la provincia firmó un acta dejando constancia de que no hubo acuerdo y que continuará con las acciones judiciales en curso.

Pullaro fue tajante al rechazar la oferta: “Nosotros no vamos a resignar un solo centavo de la provincia de Santa Fe”. Si bien destacó que existe una buena relación institucional con el gobierno nacional, remarcó que “no cedemos los recursos de los santafesinos y defendemos a la provincia”.

El mandatario provincial insistió en que Santa Fe tiene una Caja previsional ordenada, gracias a las reformas impulsadas en 2023, y remarcó que su situación no es equiparable a la de otras jurisdicciones. “Entendemos que es insuficiente en base al impacto que tiene la provincia de Santa Fe y a los impuestos que le transferimos a Nación para sostener ANSES”, apuntó.

“Si no nos hacen un mejor ofrecimiento, tendrá que resolver la Corte una medida de resolución inmediata porque el flujo no nos lo pueden cortar”, advirtió el gobernador. Según explicó, una cosa es el stock de deuda acumulada y otra distinta es el flujo mensual que la Nación suspendió.

En ese sentido, Boasso precisó que Santa Fe interpuso dos acciones judiciales: una de fondo para reclamar el total de la deuda y otra de carácter cautelar para que se restablezca el flujo de fondos interrumpido desde diciembre. La audiencia de este martes fue convocada por la Corte en el marco de esa medida cautelar.

Por ahora, no hay acuerdo, y será la Corte Suprema quien deberá decidir si ordena al gobierno nacional el restablecimiento de las transferencias. Desde la Casa Gris aclaran que están abiertos al diálogo y no descartan llegar a un convenio, pero advierten que cualquier propuesta debe reconocer la magnitud del reclamo.

“Queremos que esos recursos vengan. No somos cerrados ni inflexibles y entendemos el momento que vive nuestro país. Pero no aceptamos ni un centavo menos de lo que entendemos que deberían pagar”, enfatizó Pullaro.

El diferendo cobra relevancia en un contexto de ajuste fiscal a nivel nacional, con fuerte impacto sobre las finanzas provinciales. Santa Fe es una de las pocas provincias con superávit fiscal, pero desde el gobierno advierten que no están dispuestos a sostener su Caja con recursos propios cuando existe un compromiso legal por parte de Nación.

La disputa se suma a una larga lista de controversias entre el Ejecutivo central y las provincias por coparticipación, subsidios, obras públicas y transferencias directas. En todos los casos, la tensión gira en torno al equilibrio entre la política de ajuste del gobierno nacional y la necesidad de garantizar servicios esenciales en las provincias.