El Ministerio Público de la Acusación asume la investigación de delitos cometidos por menores. Preocupación por la falta de capacitación y posible retroceso en derechos en niños y adolescentes
Desde este sábado comenzó a regir en Santa Fe el nuevo Código Procesal Penal Juvenil, una reforma que transforma el abordaje judicial de delitos cometidos por menores de 18 años en la provincia. La norma elimina los tradicionales juzgados de menores y establece que la investigación de estos casos quede bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación (MPA), replicando el modelo del sistema penal adulto.
La Fiscal General, María Cecilia Vranicich, definió la creación de unidades fiscales especializadas en las cinco fiscalías regionales y el traspaso de asesores de menores hacia funciones fiscales específicas en materia juvenil. Sin embargo, la implementación despertó críticas entre los trabajadores del sistema, que alertan sobre falta de capacitación, protocolos aún no publicados y pérdida del principio de especialidad que debe regir en causas donde hay adolescentes involucrados.
Paula Chiacchierini, integrante de la junta interna de ATE en la Dirección Penal Juvenil, expresó su preocupación en diálogo con La Marca de la Almohada. “Es un retroceso muy grande en materia de derechos para niñas, niños y adolescentes. No hemos sido capacitados, y el código ya entró en vigencia”, señaló. También destacó que los equipos técnicos desconocen los nuevos protocolos y que no está garantizado el funcionamiento del sistema de salud ni de atención de enfermería en los espacios donde estarán alojados los jóvenes.
El nuevo esquema elimina la figura del juez de menores como investigador y reemplaza su rol por el fiscal, en sintonía con el sistema acusatorio que rige para adultos. También habilita mecanismos como el juicio abreviado y la suspensión del juicio a prueba (probation). Pero una de las mayores controversias es que permite la prisión preventiva de menores punibles por hasta tres años, un punto que fue advertido como alarmante por especialistas como la diputada provincial Matilde Bruera: “Ya es una barbaridad para los adultos, pensemos lo que puede significar para los jóvenes”, alertó.
Además, se incorporan medidas procesales para niños menores de 16 años –no punibles según la legislación nacional– que, si bien no pueden ser condenados, podrán ser investigados y sometidos a medidas restrictivas no privativas de libertad, lo que genera interrogantes sobre su aplicación concreta.
Desde el sector gremial y profesional denuncian que el nuevo código “asemeja todo al sistema penal adulto”, desconociendo la función de los equipos interdisciplinarios que trabajan con adolescentes y vulnera la especificidad requerida para su abordaje. “Esto no solo afecta los derechos de los jóvenes, sino también a trabajadores que atraviesan condiciones salariales muy golpeadas”, concluyó Chiacchierini.
