La propuesta de derogar la Ley de Etiquetado Frontal, impulsada por los diputados de La Libertad Avanza Alejandro Bongiovanni y Daiana Fernández Molero, generó un fuerte rechazo entre especialistas, quienes advierten que su eliminación sería un retroceso en salud pública y en los derechos de los consumidores
La Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, aprobada en 2021, tiene como objetivo informar de manera clara y visible sobre los excesos de nutrientes críticos en productos procesados y ultraprocesados, como grasas, sodio y azúcares. Sin embargo, una iniciativa presentada en el Congreso por los diputados Alejandro Bongiovanni y Daiana Fernández Molero propone su derogación, argumentando que la normativa es “paternalista” y genera inconvenientes en el comercio exterior.
En respuesta, especialistas en salud y nutrición se pronunciaron en defensa de la importancia de la ley. Ignacio Porras, director ejecutivo de la Fundación Sanar, aseguró que las críticas en su contra son infundadas y reflejan una falta de comprensión sobre los beneficios de la normativa. “La ley no obliga a que las empresas reformulen sus productos; pueden vender el ultraprocesado que quieran. Lo único que exige es que se informe al consumidor para que pueda elegir libremente”, explicó en diálogo con La Marca de la Almohada.
Porras señaló que uno de los principales argumentos en contra de la ley, el supuesto impacto negativo en el comercio exterior, carece de fundamento. “Cuando un país comercializa productos, lo hace respetando las normativas del mercado al que exporta. Si Argentina produce con etiquetado frontal, los productos se exportarán cumpliendo la legislación de cada país”, subrayó.
Respecto a la acusación de que la normativa subestima a los consumidores, el especialista destacó que antes de su implementación solo el 13% de los argentinos leía y entendía las etiquetas nutricionales. “Mucha información estaba oculta en los pliegues de los paquetes. Hoy, los sellos frontales brindan una información clara y visible que muchos consumidores, especialmente quienes padecen enfermedades crónicas como hipertensión, agradecen”, agregó.
Los datos respaldan esta afirmación: según estudios recientes, la aceptación de la ley entre los consumidores es alta, y la herramienta es utilizada activamente para tomar decisiones informadas. Porras destacó que esto demuestra que el etiquetado frontal no limita la oferta de productos, sino que fomenta la transparencia.
Contrario a las afirmaciones de los diputados que promueven la derogación, Porras aseguró que las empresas han encontrado formas de adaptarse a la normativa. “Es contradictorio que se diga que las empresas no pueden ‘sacarse de encima’ los sellos, cuando vemos publicidades de productos que se venden como libres de octógonos. Esto es resultado de la reformulación de productos o de la ampliación de la cartera con opciones más saludables”, afirmó.
Un ejemplo de esta adaptación es el caso de una importante empresa láctea que lanzó una línea completa de productos libres de sellos, así como fabricantes de alimentos enlatados que optaron por métodos de conservación alternativos, como la pasteurización, en lugar del uso de sodio como preservante.
Porras insistió en que la ley no impone restricciones a las empresas, sino que exige transparencia. “Pueden vender el ultraprocesado que quieran, pero tienen que informar al consumidor para que este pueda tomar una decisión libre y consciente”, señaló.
Desde una perspectiva internacional, la ex presidenta de la Sociedad Argentina de Diabetes, Silvia Lapertosa, advirtió que la derogación sería un retroceso grave. “Argentina es un ejemplo a nivel mundial por la implementación de esta ley. Derogarla sería un papelón internacional y una victoria para las grandes empresas alimentarias, no para los consumidores”, expresó.
Lapertosa subrayó que la normativa representa un avance en la preservación de la salud pública, especialmente en un contexto donde las enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión y obesidad están en aumento.
Por su parte, Porras enfatizó que las críticas a la normativa no se basan en evidencia científica. “Hasta el momento, no existe una sola publicación científica que diga que la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable no sirve”, afirmó, agregando que cualquier revisión de la ley debería estar basada en datos concretos y libre de conflictos de interés.
El impacto del etiquetado frontal trasciende la información nutricional, ya que ha incentivado una mayor competencia en el mercado alimenticio. Según Porras, esto beneficia tanto a los consumidores como a las empresas que optan por innovar en productos más saludables.
Entre los beneficios concretos de la ley, el especialista mencionó la mejora en la accesibilidad de productos sin nutrientes críticos, lo que ha sido clave para consumidores con necesidades específicas, como personas hipertensas o con diabetes.
Porras concluyó que derogar la ley sería un retroceso en materia de derechos del consumidor y de salud pública. “Es una herramienta que la gente utiliza, no para limitar su libertad, sino para ampliarla. Brinda información sencilla y accesible para que la decisión del consumidor sea verdaderamente libre”, finalizó.
