La comunidad del barrio que rodea la Unidad Penitenciaria ubicada en Zeballos y Suipacha expresó su preocupación ante el proyecto del municipio para urbanizar el área sin consulta previa. En un esfuerzo por ser escuchados, los residentes se presentaron ante el Concejo Municipal con propuestas alternativas y críticas al enfoque inmobiliario del plan
La propuesta del Ejecutivo de Rosario para renovar cuatro manzanas del macrocentro, reemplazando la histórica Unidad Penitenciaria N°3, generó un fuerte rechazo en la comunidad vecina. Los habitantes del área afectada, que no habían sido informados del plan antes de su presentación formal ante la comisión de Planeamiento, se organizaron rápidamente. Liderados por varios residentes que llevan décadas viviendo en la zona, los vecinos recolectaron firmas y prepararon una solicitud formal para que el proyecto sea revisado en el Concejo Municipal.
El plan de la Municipalidad de Rosario abarca cuatro manzanas ubicadas entre avenida Pellegrini, Ovidio Lagos, Zeballos y Suipacha, y se centra en transformar el área una vez que la cárcel sea reubicada. Las obras, de acuerdo con la Secretaría de Obras Públicas, incluirían la construcción de un conjunto de torres residenciales y comerciales de hasta 66 metros de altura, que estarían rodeadas de infraestructura de uso mixto, como centros de gastronomía, deportes y cultura. A pesar de las intenciones del municipio de mejorar el área, los residentes manifestaron su desacuerdo, argumentando que la decisión fue tomada sin participación comunitaria y prioriza intereses privados.
Laura Lemaire, vecina del área desde hace 47 años, compartió su malestar en diálogo con La Marca de la Almohada, y explicó: “Nos enteramos del proyecto por comentarios, nadie nos consultó, siendo que somos vecinos de toda la vida. Nos organizamos para que no se tome esta decisión sin escucharnos”. La falta de consulta no fue el único motivo de preocupación; Lemaire también subrayó que el proyecto propuesto, orientado hacia el desarrollo privado, beneficiaría exclusivamente a empresas inmobiliarias y dejaría de lado necesidades esenciales de la comunidad.
Los vecinos plantearon alternativas al plan inmobiliario, sugiriendo que el espacio que actualmente ocupa la cárcel podría tener un uso más orientado al bienestar comunitario. “Pensamos que existen muchas alternativas más allá de un proyecto inmobiliario privado”, expresó Lemaire, y sugirió la posibilidad de utilizar el terreno para construir una escuela, un mercado popular o un espacio para actividades sociales. Según la residente, “con ese mega emprendimiento solo se benefician los privados”.
Además del rechazo generalizado hacia el enfoque inmobiliario, los vecinos han manifestado sus dudas sobre los posibles efectos negativos de las nuevas construcciones en la zona. En particular, temen que la edificación de torres de gran altura y la prolongación del pasaje Noruega, aunque de acceso restringido, aumente el tráfico vehicular y afecte la calidad de vida en el área. “La infraestructura actual no soportaría el aumento de habitantes y circulación que este proyecto traería”, señaló otro residente, quien también destacó que el perfil residencial y tranquilo del barrio podría verse alterado significativamente.
Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Eduardo Bressán, presentó el plan la semana pasada como una oportunidad de desarrollo urbano integral que “revalorizaría el sector”. Desde la Municipalidad, aseguraron que el proyecto revitalizaría una zona dominada por la penitenciaría y que la reubicación del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) permitiría incorporar servicios públicos y mejoras en seguridad. Aun así, los vecinos cuestionaron esta visión, afirmando que el proyecto no fue socializado con ellos y que ignora su perspectiva sobre las necesidades reales del barrio.
El descontento de la comunidad también se centró en la preocupación de que la implementación del proyecto podría provocar una escalada en los costos de vida de la zona, desplazando a familias que residen allí desde hace décadas. Lemaire reiteró que la construcción de torres de lujo y la comercialización de viviendas en el área podría aumentar considerablemente los precios de alquiler y de servicios, excluyendo a aquellos que no puedan afrontar el encarecimiento del área.
