Por Dra. Sandra Fernández – Directora del Centro Científico y Tecnológico CONICET Rosario y profesora titular de la Facultad de Humanidades y Artes (UNR)
En el momento actual que nos toca transitar es muy importante volver a insistir en la importancia del financiamiento tanto del sistema nacional de ciencia y tecnología como de las universidades nacionales. Indisolublemente unidos en un proceso virtuoso de formación, preparación y retroalimentación de recursos humanos así como en lo que implica la generación de conocimiento, gestión de recursos académicos y vinculación social, educativa y productiva, el conjunto de las instituciones del sistema resultan fundamentales en la proyección de un modelo de país que se piense desde lo público, lo colectivo y que tenga como meta el bien común.
Nuestro país cuenta desde hace mucho tiempo con una tradición de excelencia tanto en el ámbito de las universidades nacionales como de organismos públicos de Ciencia y Técnica. Estratégicamente, desde la segunda posguerra en adelante comenzaron a crearse instituciones en las áreas de ciencia y técnica ligadas a las prioridades en la definición de políticas soberanas. Inmediatamente después, en las universidades nacionales se inició un periodo donde se construyeron los cimientos de la investigación como actividad profesionalizada. Este movimiento de articulación académica y científica se consolidó desde la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica (CONICET) en 1958. La implementación de políticas de recursos humanos que contemplaban las dedicaciones exclusivas para los profesores dedicados a la docencia y la investigación, junto a la creación de nuevas estructuras de organización que al fin representan la síntesis entre la docencia y la investigación, fue acompañada en el caso de las universidades con la creación de la extensión y el surgimiento de las editoriales universitarias.
El CONICET acompasó su crecimiento al rol de las universidades gestando la carrera de investigador científico y la carrera de personal de apoyo así como acompañando en la provisión de recursos materiales y subsidios para gestionar nuevas líneas de investigación, y proyectar el crecimiento de áreas de conocimiento que no se encontraban en la agenda habitual.
La dimensión de este sistema nacional educativo y científico tecnológico se concibe y organiza desde la concepción de lo público como referente de desarrollo y de gestión de políticas orientadas a la sociedad en su conjunto. La estructura federal, la autonomía, el potencial crecimiento democrático y distributivo de saberes y bienes solo puede desplegarse sobre la base de la disposición de recursos que hagan viable la generación de una ciencia básica y aplicada en el mediano y largo plazo.
El escalamiento que esta producción de conocimiento pueda tener en el espacio de la vinculación tecnológica, la asistencia gubernamental y del ámbito productivo, es el escenario donde las acciones de transferencia muestran la eficiencia de políticas que mantienen a la educación y a la investigación como líneas rectoras.
El sostenimiento de un sistema público de educación y de ciencia y tecnología tiene como metas garantizar la equidad en la comunicación y transferencia de saberes, resguardar la igualdad en el acceso al conocimiento y la federalización de los recursos, y compartir recursos de forma eficiente y solidaria respetando la complementariedad del conjunto por encima de los intereses individuales.
Cualquier política (o ausencia de políticas) que conlleve el deterioro del sistema, que introduzca artificiales sentidos comunes que banalmente instalen la idea de que el individualismo y el mercado son el camino, resultan alternativas destructivas de un sistema que nos contiene y proyecta un sentido de comunidad basada en los preceptos constitucionales de nuestro país.
