Luego de la conversión de un grupo de legisladores respecto a junio pasado, La Libertad Avanza, el PRO y algunos radicales bloquearon los dos tercios que se necesitaban para rechazar la decisión del poder ejecutivo, tras un rápido debate, con movilización en las afueras del Congreso Nacional.
Con la ayuda de sus aliados y un grupo de radicales, el oficialismo logró este miércoles en la Cámara de Diputados blindar el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria. La conversión de un grupo de legisladores respecto a junio pasado, cuando se aprobó la media sanción, permitió que La Libertad Avanza bloqueara los dos tercios de los presentes que necesitaban los bloques opositores para insistir con la norma, según el artículo 83 de la Constitución Nacional, en medio de una movilización fuera del Congreso.
La votación resultó con 153 votos positivos, 87 negativos y 8 abstenciones. Hubo 8 ausentes.
Con esa cantidad de diputados sentados, la oposición requería de 166 votos a favor para sostener la ley. Le faltaron 13. Durante la primera aprobación, los dos tercios se habían conseguido con 160.
La situación terminó de inclinarse a favor del Gobierno con la reunión de este martes en la Casa Rosada entre el presidente Milei y cinco diputados de la UCR, que después de ese encuentro confirmaron que darían vuelta su voto. Solo uno de ellos no había estado en junio, pues todavía no era diputado.
LA LEY VETADA POR EL PODER EJECUTIVO
La ley vetada establecía una recomposición del 8,1% en las jubilaciones, de modo de complementar el 12,5% de incremento adicional otorgado en abril por el DNU 274/24 del Gobierno, de modo de alcanzar a compensar lo que fue la inflación más alta del año, la de enero, con 20,6%.
Asimismo, se establecía una fórmula de movilidad para la actualización de los haberes previsionales que contemplaba el índice de inflación como referencia, al igual que el DNU. En estos dos aspectos el oficialismo se había mostrado a favor con un dictamen de minoría en el Senado, y se llegó a pensar que el veto podría haber sido parcial, sosteniendo el Poder Ejecutivo estos artículos. Pero finalmente no pasó.
Además, la norma establecía un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE) en marzo de cada año; y una garantía para el haber mínimo en 1,09% lo equivalente al valor de la Canasta Básica Total.
Por otro lado, se instruía a la ANSeS a cancelar la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios del SIPA que cuentan con sentencia firme dentro de un plazo de seis meses, prorrogable por seis más.
El pasado 2 de septiembre, a través del decreto 782/24, el Poder Ejecutivo vetó totalmente la ley y fundamentó que el proyecto sancionado por el Congreso “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.
Fuente: El Parlamentario
