Tras el veto del presidente Javier Milei al aumento del 8,1% aprobado por el Congreso para las jubilaciones, desde el CEPA realizaron un informe sobre la anulación de la nueva fórmula. La analista Carolina Berardi aseguró que el incremento representaba solo el 0,44% del PBI y cuestionó la decisión
El presidente Javier Milei vetó finalmente el aumento de las jubilaciones aprobado por el Congreso, una suba que habría beneficiado principalmente a quienes perciben los haberes mínimos. La analista económica del CEPA, Carolina Berardi, advirtió en diálogo con La Marca de la Almohada que este veto deja a los jubilados en una situación de mayor vulnerabilidad y que su impacto en las cuentas públicas habría sido mínimo.
“El aumento aprobado por ambas cámaras representaba apenas el 0,44% del PBI”, explicó Berardi, agregando que, de haberse implementado desde agosto, su efecto en las cuentas fiscales sería incluso menor. Este incremento, destinado a mejorar la calidad de vida de los jubilados, fue eliminado por el decreto 274/2024 de Milei, que derogó la fórmula de movilidad sancionada por el Congreso.
Berardi detalló que, de haberse mantenido el aumento, los jubilados que cobran la mínima habrían percibido 317.700 pesos en septiembre, lo que representa más de 13.000 pesos adicionales respecto a lo que cobrarán ahora. “Existen dos componentes en el total de la jubilación: una base de 234.500 pesos y otro componente discrecional de 70.000 pesos, que depende de la voluntad del Poder Ejecutivo”, explicó.
Este bono, que es otorgado de manera discrecional por el gobierno desde hace varios meses, quedó congelado en marzo y perdió poder adquisitivo. “Mientras los haberes se movieron con la nueva fórmula establecida por decreto, el bono sigue siendo discrecional. Si hubiera sido ajustado por la misma fórmula, hoy debería ser de 122.000 pesos”, señaló Berardi, remarcando la pérdida de valor que sufren los jubilados con cada mes que pasa sin un ajuste adecuado.
La analista también se refirió a uno de los aspectos más importantes de la ley sancionada por el Congreso: la incorporación del bono a la jubilación mínima, lo que hubiese significado un ingreso garantizado de 317.700 pesos para septiembre. “El Legislativo buscaba anular esa discrecionalidad y establecer un piso del 109% de la canasta básica total de un adulto”, explicó.
El impacto del veto presidencial no solo afecta a quienes perciben la jubilación mínima. Según Berardi, el resto de los jubilados habrían recibido un aumento del 7,2% adicional al incremento por inflación, si la ley no hubiera sido vetada. “La ley también incluía una cláusula gatillo, que se ejecutaba una vez al año, pero el presidente decidió vetar todo”, agregó la analista.
Además, la especialista advirtió sobre los recortes al PAMI que afectan la cobertura de medicamentos esenciales para los jubilados. Desde el CEPA, adelantó Berardi, se publicará un informe detallando cómo han impactado las medidas del gobierno en los precios de los medicamentos, un factor clave en la calidad de vida de los jubilados.
En relación con la polémica sobre quienes accedieron a la jubilación vía moratoria, Berardi aclaró que “no es cierto que no hayan aportado nada”. Según explicó, estos jubilados están pagando mensualmente los años de aporte que no realizaron en su momento, lo que significa que siguen contribuyendo al sistema previsional.
El informe publicado por el CEPA, titulado “La batalla por la movilidad jubilatoria: del aumento por ley al veto por decreto de Milei”, describe al detalle las implicancias de la decisión presidencial. Según el estudio, la Ley 27.756, que el Congreso sancionó y que Milei vetó, buscaba reemplazar la discrecionalidad del bono con un criterio objetivo vinculado a la canasta básica. De esta manera, se pretendía ofrecer una mayor estabilidad a los jubilados, especialmente en un contexto de alta inflación, eliminando la incertidumbre sobre los incrementos discrecionales.
El CEPA también subrayó en su informe que el 82% de los jubilados afectados por el veto perciben la jubilación mínima o por debajo de la misma, y que estos son los sectores más perjudicados por la medida. El informe destaca que el veto presidencial tiene una clara orientación hacia la reducción del déficit fiscal, pero a costa de los sectores más vulnerables del sistema previsional.
En relación con la polémica sobre quienes accedieron a la jubilación vía moratoria, Berardi aclaró que “no es cierto que no hayan aportado nada”. Según explicó, estos jubilados están pagando mensualmente los años de aporte que no realizaron en su momento, lo que significa que siguen contribuyendo al sistema previsional.
