Martín Rosúa, junto a Dionisio Scarpín y Ximena García, presentaron un proyecto de reforma constitucional en Santa Fe, que busca modernizar el Estado y asegurar la disciplina fiscal. La iniciativa incluye autonomía municipal, eliminación de privilegios y mejoras en la justicia

El diputado provincial Martín Rosúa, junto a sus colegas Dionisio Scarpín y Ximena García, presentaron un proyecto de reforma para la Constitución de Santa Fe que busca revolucionar la estructura gubernamental y administrativa de la provincia. La propuesta se enmarca dentro de los esfuerzos del radicalismo para adaptar la Carta Magna a los desafíos del siglo XXI, priorizando la eficiencia estatal, la disciplina fiscal y la transparencia en la gestión pública.

El proyecto destaca la importancia de la alfabetización e inclusión digital como pilares para una sociedad moderna. En diálogo con La Marca de la Almohada, Rosúa sostuvo: “La reforma busca no solo garantizar la educación tradicional, sino también fomentar la vinculación entre el aprendizaje, la innovación tecnológica y el mundo laboral”. Esto se traduce en la implementación de programas educativos que preparen a los estudiantes para enfrentar un mercado laboral en constante evolución. “Es fundamental que la educación esté alineada con las demandas del mundo del trabajo”, señaló.

En el ámbito económico, la reforma propuesta incluye principios de Disciplina Fiscal y Sustentabilidad Tributaria. Rosúa subrayó la necesidad de establecer límites estrictos en la relación entre deuda, gasto y Producto Bruto. El objetivo es evitar que el peso de un Estado ineficiente recaiga sobre los contribuyentes. “No podemos seguir endeudando a la provincia sin un control adecuado”, afirmó el legislador, destacando que la propuesta incluye una cláusula que fija montos máximos de deuda pública y refuerza los mecanismos de control sobre las cuentas provinciales.

La iniciativa también aborda la necesidad de mayor autonomía municipal, permitiendo a las ciudades y comunas gestionar sus recursos y decisiones de manera más independiente. Esta medida, según Rosúa, es crucial para descentralizar el poder y mejorar la eficiencia en la administración local.

Además, el proyecto incluye la eliminación de privilegios políticos y la modificación de los fueros provinciales, facilitando la actuación de la justicia en casos de corrupción. “No podemos seguir permitiendo que los funcionarios se escuden en sus cargos para evadir la justicia”, enfatizó el diputado.

Otro de los puntos destacados del proyecto es la autonomía municipal, una demanda histórica que busca dotar a las ciudades y comunas de mayor poder de decisión en la gestión de sus recursos. La reforma propone la eliminación de privilegios políticos y la creación de nuevos mecanismos de control fiscal que aseguren una gestión más transparente y eficiente de las finanzas públicas.

La justicia también ocupa un lugar central en la reforma. Se propone la modificación de los fueros provinciales, lo que permitiría a la justicia actuar con mayor libertad e investigar sin las limitaciones actuales.

Una de las medidas más polémicas es la inclusión de una cláusula que prohíbe la contratación de familiares de autoridades públicas en el Estado. Esta disposición busca evitar el nepotismo y fomentar la transparencia en las contrataciones públicas, garantizando que los cargos sean ocupados por personas capacitadas y no por vínculos familiares.

Finalmente, el proyecto propone limitar la reelección de cargos ejecutivos y legislativos a un solo período, con el objetivo de evitar la perpetuación en el poder y promover la renovación democrática. Además, se sugiere unificar los mandatos para evitar las elecciones intermedias, lo que contribuiría a una mayor estabilidad política.