“Este proyecto tiene cuestiones inconstitucionales” le dijo Cecilia Ferreyra, acompañante juvenil de la dirección de Justicia Penal Juvenil de Santa Fe a Apuntes y Resumen. “Quieren penalizar la pobreza”, afirma.

Ante el nuevo intento de bajar la edad de imputabilidad en la Argentina por parte del Gobierno Nacional, los trabajadores/as del estado provincial de Justicia Penal Juvenil convocan a distintas organizaciones sociales, colegios profesionales, Instituciones académicas, sindicales, políticas que intervienen con infancias y juventudes para coordinar acciones que permitan poner en debate esta situación.

“Este proyecto tiene cuestiones inconstitucionales” le dijo Cecilia Ferreyra, acompañante juvenil de la dirección de Justicia Penal Juvenil de Santa Fe a Apuntes y Resumen en una charla con Diego Fiori.

“La demagogia punitivista no va a resolver ni la inseguridad, ni el narcotráfico y profundiza la estigmatización sobre las niñeces y las juventudes en tiempos donde se agrava a pasos agigantados la desigualdad social, el hambre, la desocupación y el poder adquisitivo de las familias trabajadoras de nuestra patria”, dice el comunicado de la convocatoria a una reuni{on que se llevará a cabo, en una primera instancia, en la Asociación Civil Fábrica de Futuro, ubicada en La Paz 144 de la ciudad de Rosario, este miércoles 31 de julio a las 19 horas “para intercambiar y compartir ideas para definir acciones”, dicen.

Según Ferreyra esta iniciativa lideraba por el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich “es inconstitucional porque la Convención de los Derechos del niño, niña y adolescente dice que esta etapa está extendida a las 15 años y en consecuencia podrían poner en prisión a niños y niñas y el país adhiere a esa convención”.

En este sentido menciona que “no se puede retroceder en derechos ya adquiridos en cuanto a la convención y las leyes internacionales”.

Según datos oficiales el nivel delictivo de este segmento que menciona el proyecto que son infancias entre 14 y 16 años, “los números que hay son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tiene un observatorio y es del 0.4%” por lo que la trabajadora de la Justicia Penal Juvenil afirma que “lo que se quiere es penalizar a la pobreza y no a la infancia” y denuncia que este sector vive una “precarización de la educación y la salud y ahora se las quiere penalizar”.

En este sentido Ferreyra dice que “tenemos que preguntarnos si queremos que los jóvenes estén en una escuela, un club haciendo deportes o en un bunker”, porque según afirma “en Rosario la salida hoy para los jóvenes está en un bunker”.

“Tenemos que pensar y reflexionar qué buscamos para nuestras infancias”

La Unicef brindó un informe sobre las infancias argentinas en el que dice que 7 de cada 10 niños y niñas son pobres en el país y “solicita que no se baje el umbral de 14 años porque hay evidencias de que no logró los resultados que los Estados esperan”, dijo Ferreyra.

Para Ferreyra el gobierno nacional intenta “un debate para el afuera porque la seguridad no se combate bajando la imputabilidad sino con más educación, deportes y cultura. Queremos que todo el mundo participe de ese debate para visibilizar esta problemática como ya fueron otras leyes y resoluciones”.

“Queremos que los pibes y las pibas estén en lugares que les correspondan y no privados de su libertad”, dijo.

Al mismo tiempo afirma que en Argentina los lugares para contener a estos niños y niñas no están preparados. “No hay personal para acompañarlos,ya sean médicos, enfermeros, como acompañante juveniles para la actual franja que son de 16 a 18 años, menos aún para este nuevo sector de la población”.

En Rosario existen dos lugares el Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil (ex IRAR) en dónde se encuentran los varones y la División de Asuntos Juveniles donde están las mujeres; que según dice Ferreyra “no están preparados ediliciamente ni de personal para afrontar las situaciones diarias que se dan en cuestiones de encierro y menos aún preparados presupuestariamente, ya que están sin insumos ni recursos”.