Por orden del ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, se incrementaron los controles de identificación en las calles de los barrios rosarinos, una medida incorporada al reformado Código Procesal Penal de la provincia en contra de la Constitución Nacional. LA abogada penalista Matilde Bruera criticó la medida, manifestó qué hacer si se da la situación y recordó que el país fue condenado por las detenciones ilegales para averiguación de antecedentes.
En los últimos meses es cada vez más común ver en las calles de los barrios de Rosario la forma en la cual la policía detiene a personas y les exige los documentos para su identificación y comprobar si no tiene pedidos de captura. La medida, avalada por el Código Procesal Penal de la provincia recientemente reformado, fue ordenada por el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni y causa bastante malestar en quien debe pasar por el incómodo momento. Al respecto, la abogada penalista y ex diputada provincial Matilde Bruera sostuvo que “lo que se hace es anticonstitucional y puede constituir una privación ilegal de la libertad”.
En diálogo con La Marca de la Almohada, la penalista manifestó que “el control de antecedentes debe hacerse en el marco de procesos penales para verificar si hay reincidencia, si hay procesos paralelos, para unificar procesos o penas, pero parar a la gente en la calle para ver si tienen o no tienen antecedentes es anticonstitucional. Y peor es privarla de la libertad, como se ha incorporado al Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, para averiguar sus antecedentes en el caso de que esa persona no lleve consigo los documentos”.
“Esa privación de la libertad sin orden judicial es una vieja práctica policial que esconde la arbitrariedad de la fuerza para detener y por lo cual la República Argentina oportunamente fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco del recordado caso de Walter Bulacio”, recordó Bruera, “Por ese caso se obligó al país a derogar esas prácticas que ya habían sido empleadas por las Fuerzas Armadas durante la dictadura para detener personas”.
Bulacio tenía 19 años cuando la Policía Federal lo detuvo momentos antes de ingresar a un recital de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, el 19 de abril de 1991 en el Estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires, en el marco de una razzia por averiguación de antecedentes y sin intervención del juez competente. Fue retenido en la comisaría 35ª de lña ciudad de Buenos Aires y a la mañana siguiente lo trasladaron a un hospital donde murió cinco días más tarde producto de las golpiza recibida por parte de los uniformados.
“Para mí lo más grave es la decisión del ministro Cococcioni que dice que para controlar el delito, el narcotráfico y el crimen organizado es necesario identificar a cualquier persona en la calle. Creo que el ministro está desorientado y entonces apela a la falta de inteligencia criminal y al dispendio de recursos para lograr sus objetivos”, agregó la ex legisladora.
Bruera resaltó que “la policía sólo puede detener personas por orden judicial salvo que esté cometiendo un delito in fraganti. Pero este tipo de prácticas que ahora se ven en las calles de la ciudad no están habilitadas por la Constitución aunque se haya incorporado vergonzosamente al Código Procesal de la provincia la posibilidad de detener por 6 horas a cualquiera para averiguar sus antecedentes”.
La abogada también destacó que “cualquier persona que sea detenida tiene el derecho constitucional a realizar un llamado telefónico a alguien de su confianza para ponerla al tanto de lo ocurrido y además debe procurarse un abogado privado o defensor público para exigir la inmediata libertad”. No obstante remarcó que “la posibilidad de negarse a una identificación en la calle es limitada porque en caso de ponerse a discutir con la policía lo van a detener”.
Asimismo, explicó que “la misma norma inconstitucional aclara que esa identificación no puede hacerse a cualquiera sino contra aquellas personas sobre las que haya sospecha de delito, pero en lo cotidiano eso no ocurre”.
