Natalia Salvo, abogada laboralista y docente de las universidades nacionales de Buenos Aires (UBA) y de José C. Paz, analizó el contexto en el que se instala un nuevo avance sobre los derechos de los trabajadores tanto en el megaproyecto de ley como en el DNU 70/23

Salvo, además presidenta de la Corriente 7 de Julio, dialogó con el programa Apuntes y Resumen sobre las relaciones entre poderes institucionales y de facto en la que se inscribe la avanzada del Gobierno libertario de Javier Milei y que se inscribe en el texto de la mega ley aprobada en el Senado este miércoles.

La bogada es autora del libro “¿Quién le cree a la Justicia?”, que este viernes 14 de junio presentará a las 15 en la sede de la Asociación Bancaria de Rosario (San Lorenzo 1383).

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Salvo señaló que la mentada reforma laboral contenida en las Bases es destructora de derechos laborales y conquistas históricas, pero también inconstitucional según surge de un simple cotejo con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Estos avances sobre los derechos de los trabajadores, sostuvo, se apoyan en el descrédito del Poder Judicial, eje de su libro, pero van de la mano de los fuertes discursos antipolítica, anti Estado y anti colectivo que a su vez son consecuencia del avance del poder económico sobre el político.

Es natural sospechar, enfatizó al respecto, que detrás de todo el contenido de la ley Bases, en particular en el capítulo del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi) o en los artículos de extinción de la acción penal para grandes evasores en materia de aportes y contribuciones patronales, están los grandes capitales, ya sean extranjeros o nacionales en alianza.

Es, insistió, un paso más para consolidar un proyecto económico perjudicial para las grandes mayorías y contrario a cualquier criterio de redistribución de la riqueza.

En el fondo, agregó Salvo, estas piezas legislativas se montan sobre una concepción de lo jurídico modelada por una lógica palaciega, aristocrática. Lo contrario a un instrumento de defensa o consolidación popular como lo fue en otros momentos.

La abogada marcó que, además, es una profundización del divorcio del derecho con la política. Porque si no hay Estado ni políticas públicas que apunten a consolidar derechos como los laborales tanto desde el Poder Ejecutivo como el Legislativo, esos derechos quedan en el plano declamativo.

En este contexto, Salvo mencionó al tercer Poder institucional. Y preguntó qué sucede con la Corte Suprema, que no se expide sobre el DNU 70/23 que tiene el mismo espíritu que la ley Bases. En paralelo, marcó que también se produjo la suspensión del capítulo laboral del decreto, por parte de instancias inferiores, remitiéndose simplemente a la Constitución.

El buen funcionamiento del Poder Judicial, señaló, es fundamental para ponerle límites al político. Es que, o bien resguarda derechos, o por el contrario se pone en sintonía con los grandes intereses económicos y sus terminales políticas para apuntalar un modelo de exclusión social como el actual.