Cinco especialistas de diferentes ámbitos analizan el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones que se discute en la Cámara alta de la Nación como parte del mega proyecto de ley Bases. Lo que implica para el país, los objetivos declamados y los riesgos que implica su articulado

De la Tertulia de Viernes participaron Román Guajardo, Melisa Argento, Héctor Gutiérrez, Sol González de Cap y Carlos Silva

González de Cap, Economista de la UNR, integrante de Misión Productiva y directora ejecutiva de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), recordó que el capítulo del RIGI se discute en el ámbito industrial desde la primera versión de la ley Bases.

Señaló que las condiciones fiscales, de seguridad jurídica y cambiarias para grandes inversiones, superiores a los 200 millones de dólares, están prioritariamente vinculadas a la energía, hidrocarburos y minería. Hay acuerdo, en Fisfe, en el qué pero no en el cómo. Lo explicó: Argentina, dijo, necesita atraer capitales productivos para aprovechar el gran potencial que tiene bajo tierra. Sólo en minería se exporta una quinceava parte de lo que vende al exterior Chile, graficó. Coincidió con los argumentos del Gobierno nacional en que ese potencial debe desplegarse, pero debe ser irradiando beneficios a la capacidad productiva nacional, y no estar ceñido a un esquema meramente extractivo o de enclave. Que fomente el empleo, genere nuevas empresas o potencie las existentes, y que deje divisas que permitan superar la histórica y cíclica restricción externa en las etapas de crecimiento. También, que aporte al equilibrio fiscal por la columna de los ingresos y no sólo de los fuertes ajustes como el actual.

La Tertulia completa se puede escuchar acá ↓

Argento, investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y El Caribe, doctora en Ciencias Sociales por la UBA, magister en Ciencia Política por Flacso Ecuador y Licenciada en Ciencia Política por la UNR, bautizó al RIGI como “reinado increíble de los grandes inversionistas”. Es, destacó, el caballito de batalla de la ley de Bases, porque en su segunda versión, que ahora se discute en comisiones en el Senado, se eliminaron numerosos artículos, pero el capítulo del RIGI se expandió.

Hay un agravante en ese gran apartado, agregó. El cúmulo de “políticas destructivas” que contiene el mega proyecto de ley en dimensiones como la producción, la ciencia y técnica, la cultura y otras, puede ser revertido por otra gestión nacional que plantee un modelo económico y polìtico diferente. Sin embargo, completó, el RIGI “ata las manos” de las decisiones nacionales por 30 años.

“Es un sistema de privilegios”, resumió. Entrega a los grandes inversionistas los bienes comunes, en especial los recursos naturales, a través de exuberantes beneficios fiscales, arancelarios, de libre divisa. A los grandes inversionistas trasnacionales, que ya están en el país, y a los emporios nacionales. Por ejemplo, cito el grupo Manzano y TecPetrol.

Pero además, siguió Argento, fija que todo conflicto entre el Estado en todos sus niveles –nacional, provincial y locales– y los capitales beneficiados ante delitos como sub o sobrefacturación o contaminación ambiental, se diriman en el Ciadi, tribunal arbitral foráneo bajo que está bajo la órbita del Banco Mundial. “Es una cesión de soberanía jurídica”, sintetizó.

Argento disintió con González de Cap para señalar que no es necesario un mayor incentivo a las inversiones en la Argentina porque desde 1993, con la ley 24196 de inversiones mineras, todos los megaproyectos gozan de grandes excensiones y beneficios. Y eso no produjo un desarrollo endógeno, porque esa norma y lo que ahora se discute no contemplan compromisos de transferencia tecnológica ni generación de empleo, y atentan contra la industria nacional.

Carlos Silva, abogado, especialista en Derecho Administrativo, y docente de la UNR, remarcó que no hay conciencia social de la magnitud de lo que se está discutiendo en el Congreso, por la cantidad de áreas que abarca y el compromiso a largo plazo que implica para las políticas nacionales. Entre otras cosas, por los beneficios a 30 años que sólo apuntan a los grandes capitales, y que incluso con el complemento del Paquete Fiscal pueden incluir a los que son fruto del lavado y blanqueo de dinero proveniente de actividades criminales. “La soberanía no se puede ceder, porque está vinculada al arraigo del territorio”, enfatizó.