La realidad expone las contradicciones normativas, con avances en el cannabis medicinal y persistencia de estrategias que demostraron su ineficacia. Como la llamada “guerra contra las drogas”, a lo que se suma la adhesión provincial a la persecución del narcomenudeo y la impronta punitiva del actual Gobierno nacional
Este sábado 4 de mayo, en la Argentina y el resto del mundo se realizará otra Marcha Mundial de la Marihuana (MMM). Con inicio en Rosario en 2002, como cada primer sábado de mayo se celebra la planta, se pide justicia, despenalización efectiva del consumo, en el país con fuerte rechazo por la letra de la ley 23.737 (“de Drogas”) y, ahora, en un contexto político hostil a partir de la asunción de Javier Milei a la presidencia y los paradigmas punitivos y de “guerra contra las drogas” que promueve su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Un dato central de los nuevos tiempos es la decisión del Gobierno de auditar a los usuarios del Reprocann (Registro del Programa de Cannabis) y reducir las condiciones por las cuales se puede acceder al mismo, que retira la salud mental. Las organizaciones cannábicas, entre otras banderas, exigen elcumplimiento de la ley 27.350 (cannabis medicinal) y la liberación de los detenidos por cultivar y fumar la planta.
Horas antes de la nueva movilización, estuvieron en el estudio de Radio Universidad, en el programa Apuntes y Resumen, la fotografa, cultivadora y feminista Paula Sarkissian, el abogado especializado en Derecho Penal y Criminologia Joaquín Chiavazza y su colega, especializada en DDHH, profesora de Derecho Penal en la UNR, ex Defensora Publica y ex diputada provincial Matilde Bruera.
Bruera recordó que la llamada ley de drogas o de estupefacientes cumple 35 años, y esa edad es la mayor prueba del fracaso de la estrategia de guerra contra las drogas. Porque en ese extenso período de vigencia, señaló, el narcotráfico y la violencia asociada al mismo crecieron.
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La abogada rescató que, en paralelo, hay avances en la jurisprudencia y eso genera un marco legal contradictorio: la ley nacional de lógica represiva y las políticas de guerras contra las drogas promovidas desde el Ejecutivo, junto a las iniciativas de desclasificación de la marihuana y los programas de legalización, tanto en el mundo como en particular en la región. Y en Argentina los avances con el cannabis medicinal, en especial en la provincia de Santa Fe.
Otra de las dualidades, marcó Bruera, es el antecedente el fallo Arriola, que declara la incostitucionalidad de la penalización de la tenencia para consumo, junto con la adhesión de Santa Fe a la ley de narcomenudeo que se enfoca, precisamente, en lo que hay que despenalizar: elcomercio minorista o la tenencia.
Numerosos estudios y tratados internacionales, siguió Bruera, coinciden en que la prioridad de la persecución penal no deben ser los consumidores ni el último eslabón de la cadena sino el tráfico. Sin embargo, agregó, la ley de drogas, en la práctica, produce una inmensa mayoría de causas abiertas por tenencia, porque el tráfico, las grandes organizaciones, son más difíciles de investigar y el crédito para policías, jueces y fiscales queda garantizado con menos esfuerzo persiguiendo a los consumidores
Chiavazza aportó algunas cifras comparativas en el mismo sentido. En la Justicia Federal, en 2015 y según datos del Ministerio Público Fiscal Federal, hubo 50 mil causas por todos los delitos, de las cuales la mitad fueron por la ley de drogas. Y de esas últimas, a su vez, la mitad se refirió en delitos menores de tenencia o narcomenudeo. Son los últimos datos disponibles, explicó sobre la renuencia a producir estadísticas que reflejen el fracaso.
En momentos en que se reclama eficiencia a las agencias del Estado, continuó, en este caso la Justicia Federal, las cifras ponen en evidencia la cantidad de horas de trabajo judicial y policial desperdiciadas, porque esas causas terminan cayendo por su propia inconsistencia y por el precedente jurídico del fallo Arriola que contradice la normativa nacional. Son recursos que no se dedican a investigar delitos de magnitud y gran impacto social, concluyó.
Sarkissian aportó que, desde el año 1995, la ley no evitó muertes por consumos riesgosos, por ejemplo, sino todo lo contrario. Su función, en la práctica, es la persecución y estigmatización de los sectores vulnerados.
En Rosario
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En Rosario la marcha comenzará a las 14 en la Plaza 25 de Mayo, de Córdoba y Laprida. De allí, hasta el parque del Monumento Nacional a la Bandera, donde habrá feria de emprendimientos, música y la lectura del documento de las organizaciones cannábicas. Antes, integrantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, junto a la Asociación de Usuaries y Profesionales para el Abordaje del Cannabis (Aupac) y la cooperativa de trabajo Plan Verde realizarán una jornada de contextualización de la cannabis y sus usos. Será con panelistas del ámbito legislativo, científico y judicial, del activismo de personas usuarias de drogas y hasta fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que desde diciembre están a cargo de implementar la ley de desfederalización impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro.
