Con la aclaración de que no es un experto en temas de seguridad, y desde su función dentro del sistema de justicia provincial, el juez en lo penal Gustavo Salvador expresó su visión sobre las decisiones tomadas por el Gobierno nacional y, en sintonía, el provincial, como respuesta a los últimos hechos de violencia letal perpetrados en la ciudad de Rosario
Salvador es además docente de la UNR, y estuvo en el Estudio de Radio Universidad convocado por el programa Apuntes y Resumen el mismo día en que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y su par de Defensa, Luis Petri, anunciaban el proyecto de modificación de la ley de Seguridad Interior para habilitar a las Fuerzas Armadas a intervenir en cuestiones internas con los argumentos centrados en la violencia desplegada en Rosario.
Esos anuncios formaron parte de un paquete de iniciativas legislativas que incluyen las de legítima defensa y atentado a la autoridad, una ley de ADN, otra contra organizaciones criminales e incluso una propuesta de penas de cárcel para organizadores de piquetes y bloqueos. En la misma jornada, el ministro de Justicia, Cúneo Libarona, visitó la sede de la Universidad Católica Argentina en Rosario con eje en la puesta en marcha del Código Procesal Penal bajo el paradigma acusatorio, cuya entrada en vigencia en Santa Fe tuvo que posponer ante la evidencia de ausencia de logística y cargos para que funciones.
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En ese contexto, Salvador recordó que el recrudecimiento de la violencia en la ciudad se dio a partir de 2013 tras el asesinato, el 26 de mayo de ese año frente a un boliche de Villa Gobernador Gálvez, del entonces líder de la banda Los Monos, Claudio Pájaro Cantero. Destacó que, desde entonces, se sucedieron 15 incursiones de fuerzas federales en la provincia pero en particular en Rosario. Fueron desembarcos, explicó, motorizadas por el Gobierno nacional o peticionadas por el Eejcutivo santafesino.
Ante eso, preguntó si la última de estas incursiones será para mostrar, de nuevo, una foto con gendarmes, policías federales, móviles y ahora hasta helicópteros para que, en pocas semanas, después del impacto mediático, se retorne a la situación anterior.
Destacó que ese envío de personal y logística, junto con la avanzada legislativa y ministros de Seguridad y Defensa que promueven a la par la intervención de las Fuerzas Armadas, debe encender un alerta.
La pretendida modificación de la ley de Seguridad Interior, y el Código Penal para incluir el concepto de terrorismo, siguió el magistrado santafesino, no son estrategias efectivas para abordar una violencia compleja como la que sufre Rosario.
“Siempre se quiso hacer creer que la respuesta en estos casos es por el lado punitivista”, lamentó Salvador. Y aunque admitió que es una de las herramientas, afirmó que no es, ni por mucho, la principal para encarar un fenómeno que requiere respuestas multidisciplinares.
En ese sentido, señaló que la respuesta más efectista y fácil a los problemas como el que atraviesa Rosario, en términos mediáticos y de sentidos comunes construìdos, es la demagógica de una modificación del Código penal y el endurecimiento de las leyes.
