Por Ruth Sosa
Profesora Titular de la Cátedra Análisis de la Política Social. Escuela de Trabajo Social, Facultad Ciencia Política y RR.II, -UNR
Días pasados el Observatorio de la Deuda Social de la UCA nos alertó acerca de que el 57% de lxs argentinxs son pobres. De acuerdo al observatorio, la población en situación de indigencia pasó del 9.6% en el tercer trimestre de 2023 al 14.2% en diciembre de 2023 y al 15% en enero de 2024. Mientras que el índice de pobreza subió del 44.7% observado en el último trimestre de 2023 al 49.5% en diciembre y al 57.4% en enero de 2024.
Como es posible apreciar, es alarmante la caída en picada de las condiciones de vida de sectores vulnerados y de la clase media trabajadora en nuestro país. La clase media trabajadora ya venía empobreciéndose durante los dos últimos gobiernos a pesar de no haber caído en situación de desempleo. Este último dato es bastante inédito con relación a ciclos anteriores de crisis en el patrón de acumulación de nuestro país. De alguna manera, no puedo dejar de sospechar de que algo de esta condición inédita (la de ser trabajadorx “estable” y, al mismo tiempo, verse empobrecerse progresivamente) pudo haber desatado el efecto Milei en nuestro país. Esto, sumado a experiencias de varias generaciones de sujetos en nuestro país de no saberse en una cultura laboral estable y con protecciones sociales derivadas. Sabemos que muchxs jóvenes no han tenido la experiencia (quizá vital) de tener a sus padres trabajando establemente bajo un régimen de regulaciones laborales. Esta situación de inestabilidad y de inseguridad laboral produce subjetividad. Es importante destacar que, durante las cuatro últimas décadas, aproximadamente, hay un giro significativo con relación a las concepciones de trabajo y empleo.
En efecto, hemos de detenernos a reflexionar sobre qué nos pasó para que, a través de las urnas democráticas optemos, finalmente, por una fórmula liberal en lo económico y ultraconservadora en sus dimensiones político-cultural. Y lo que es sumamente grave: que hayamos optado por una fórmula cuyos representantes destilan violencia públicamente y en alta voz, así como insultos, estigmatización y agresiones hacia la otredad diferente.
Los datos sobre pobreza hablan más allá de lo “visible” y de lo “objetivo”. Detrás de las estadísticas de estos índices sabemos que las mujeres constituyen aproximadamente el 70% de lxs pobres y, en términos laborales, constituyen más del 70% de las subempleadas, desempleadas y precarizadas. Esto significa que las mujeres estamos sobre-representadas en los empleos en tiempo parcial, en la economía sumergida, en las ocupaciones más precarias, en las tareas más descalificadas. Si a la condición de género le sumamos la cuestión étnico-racial, así como otras condiciones vinculadas a la edad y a la corporalidad, el nudo se torna aún más crítico en materia de condiciones de vida digna. De allí que es alarmante el hecho de que la administración de Javier Milei haya desmontado un Ministerio como el de Mujeres, Género y Diversidad que posibilitaba atender las complejidades de la multi-dimensionalidad de la pobreza en nuestro país desde una perspectiva integral, intersectorial y con transversalidad de género.
Ya es harto sabido que las políticas económicas de libre mercado aumentan el trabajo gratuito de las mujeres. Porque en la medida en que se desestataliza una política social, esas tareas las asumen las familias y, por ende, los servicios que antes desempeñaba el Estado ahora recaen sobre cuerpos femeninos y feminizados en el ámbito doméstico
que es la sede de las tareas reproductivas de cuidados. Y esta condición refuerza la variable uso del tiempo como factor clave de desigualdad. Las mujeres tenemos pobreza de tiempo. Estas cuestiones, aun insuficientemente captadas por las estadísticas, también complejizan el concepto de pobreza en nuestro país.
De modo que nos vemos desafiadxs a interpelar enérgicamente el modo cómo la actual administración de Javier Milei cuestiona todos los instrumentos que son potenciales posibilitadores del entramado en una sociedad que se está resquebrajando. Nuestra deuda interna sigue pendiente.
La política social forma parte fundamental de la política pública de un estado. Es un vector clave en materia de reconocimiento social de derechos socio-culturales con rango de derechos humanos. Es un eslabón necesario para el entramado de una sociedad en tanto garantía de las diferentes aristas de la justicia. Muy lejos de ser una política de pobres para pobres, la institucionalidad de la política social es posibilitadora de calidad de vida; a la vez que es potencialmente preventiva de la pobreza y de la indigencia. De allí insistimos en la necesidad de resemantizar la política social y la política pública como contrasentido y contra-cultura de las injusticias del presente. Y como contrasentido de su pretensión de reductibilidad. La Política Social implica un piso de dignidad garantizado por el Estado. La política pública es asistencia, son programas de prevención y de sensibilización en temas claves y estratégicos para la convivencia con dignidad en una sociedad; es salud, es educación, es hábitat, es soberanía alimentaria, es ambiente y cuidado del ecosistema; es transporte público; es igualdad de género; es producción de subjetividad y construcción de cultura.
En 1947, mientras se consolidaban los fundamentos del Estado de Bienestar europeo, Hayek convocaba a un grupo de intelectuales de su misma orientación en Suiza. Entre tantos otros, estaban Popper y Friedman y se constituyeron no solamente como adversarios del Estado de Bienestar keynesiano sino también como enemigos del New Deal norteamericano. En esa coyuntura sociopolítica, y en el contexto de guerra fría, parecían inviables y descontextualizadas esas ideas constituidas como “cruzada anti- keynes” que atacaban todo tipo de intervencionismo estatal y proponían un mercado auto-determinado libre de reglas. Con cierta analogía, en su rumbo al Foro Económico de Davos durante el pasado enero, Javier Milei expresó públicamente su voluntad de “plantar las ideas de libertad en un foro que está contaminado con la agenda socialista 2030 que sólo traerá miseria al mundo”. De alguna manera, la agenda 2030 se propone asumir temas estratégicos, en el marco del capitalismo global, para la convivencialidad humana en un mundo vulnerado por múltiples amenazas (económicas, socio-culturales, de relaciones sociales de género, cuestiones ambientales, de derechos humanos, entre otros) operadas por las relaciones geopolíticas entre las grandes corporaciones que deciden el destino del mundo.
Que la historia y la memoria sea nuestra ciencia de la vida porque de otro modo, estamos compelidxs a repetirnos en las crueldades y atrocidades que ya vimos, y que sabemos a dónde nos condujo; historias acontecidas tanto en diversos confines del planeta como en nuestros territorios más próximos.
No puedo dejar de pensar cómo la pandemia del Covid-19 pudo haber profundizado el individualismo epistémico que hoy nos coloniza hasta la ética; nos toma los vínculos humanos; los modos en que miramos, en que sentimos y en el que actuamos en nuestro mundo.
Ese relato que vuelve y que se enquista como “capital humano” es susceptible de reflexión y de alarma. Tengamos presente la filosofía explícita del “capital humano” es una versión “renovada” de la lógica del empowerment (empoderamiento) que se divulgó en los noventa desde las propuestas del Banco Mundial, y que acríticamente repetimos con aire de optimismo hasta los días actuales. En esa coyuntura, se generalizó un sentido común de desacreditación del Estado y de todo carácter de lo público. En ese escenario, se derivaban recursos a organizaciones no gubernamentales “paraguas” y “responsables” para la “gestión del riesgo social”. El acento estaba orientado en la capacidad “exitosa” del pobre – individuo- para salir de su pobreza. Los exhaustivos estudios de Susana Murillo, sobre la influencia del Banco Mundial en el tratamiento de la cuestión social en la región, son elocuentes.
Con variantes renovadas, esta filosofía recrudece con la administración de Javier Milei. Sin embargo, en la actual racionalidad “mileísta”, hasta el esfuerzo individual parece ser insuficiente. La intervención estatal para ser reductible a acciones de carácter arbitraria y discrecional, coincidente con ese modo individualista y predatorio de la actual administración. Un sugerente y reciente artículo de Daniela Soldano, que recomiendo leer, profundiza al respecto.
Tenemos que desafiarnos a resistir colectiva e inteligentemente a tener políticas pobres para pobres. No podemos convalidar esta regresión en nuestra cultura política argentina. Nos debemos una nueva gramática de la política social y otra ética y estética en los procesos de intervención en el campo de lo social. Como trabajadoras en el campo de lo social amerita que tengamos un mejor registro corporal-emocional, y, por ende, político sobre cómo canalizamos los procesos de intervención-interacción a través de surcos que realmente sean de mediación y articulación para un efectivo seguimiento de las poblaciones vulneradas que llegan demandando nuestra atención. Que el trabajo en redes cooperativas entre colegas e instituciones sea realmente consciente y con un sentido ético de cuidado de lo singular y también de lo colectivo. No podemos seguir naturalizando nuestras precariedades laborales; tampoco seguir aceptando el insuficiente instrumental con los que nos construimos en la cotidiana labor de nuestro oficio. Es crucial que dejemos de aceptar lo habitual como lo natural. Son las ciencias sociales y la filosofía que enseñamos y aprendemos en nuestros espacios académicos y de formación profesional el fundamento cabal para una intervención seriamente comprometida. Y son también esos espacios en los que nos dirimimos debates y disputamos sentidos.
Hay un juego del lenguaje muy perverso en la flamante administración de Javier Milei. Se construyen narrativas que pueden tener un efecto de verdad cuando en realidad no son más que construcciones ficticias de una realidad que es construida. Hemos de disputar la actual necro-política que nos quieren imponer por todos los poros comunicacionales. Hay una construcción política mediática desde las redes y trolls que nos sobreviene con un poder irrefrenable. Y que construyen una suerte de efecto de verdad.
Quiero insistir en apelar a la memoria y a la historia como ciencia de la vida. Ésta es nuestra responsabilidad política como intelectuales y trabajadores sociales y de la cultura. Nos hemos sabido construir micro-políticas desde lo subterráneo; y políticas públicas y sociales mediante formas asociativas; cooperativas; conversando y acordando junto a estados locales, instituciones, asociaciones y movimientos socio- territoriales. Frenemos la amenaza necro-política que, por apelo a nuestra memoria colectiva, sabemos adónde nos conducirá. Hemos de construirnos entramados con lazos suficientemente fuertes para proponernos nuevos imaginarios sociopolíticos,
asumiendo los logros que supimos conseguirnos. Ensayemos una nueva semántica; convoquemos-no a una nueva gramática de la cuestión social contemporánea contra toda naturalización de la barbarie que estamos presenciando. Tengamos presente que quien maneja el lenguaje maneja el poder.
