Mega ley y decretazo sin necesidad ni urgencia excepto para una técnica del shock que esconde lo que se pretende: avasallar contrucciones jurídicas e institucionales que costó mucho instalar y refieren al ambiente tanto como a las poblaciones, la posibilidad de una economía sustentable, la infraestructura, la salud, el acceso a la tierra y la generación del empleo

La violenta arremetida del Gobierno de Javier Milei sobre un paradigma de producción y convivencia que se sostenga a partir de no destruir la naturaleza en que se asienta fueron analizadas en el estudio de Radio Universidad por Jorgelina Hiba (periodista especialista en ambiente), el abogado ambientalista Lucas Micheloud, la integrante del colectivo El Paraná No Se Toca Romina Araguas, el militante de Paren de Fumigarnos Daniel Romano, el miembro del Taller Ecologista Mirko Moskat, el doctor en Agroecología y docente de la UNR Eduardo Spiaggi y Rodolfo Martínez, integrante de la Cátedra del Agua y miembro de la Multisectorial por los Humedales.

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Hiba abrió el juego marcando las correlaciones del tema ambiental con la calidad de vida y la distribución de las poblaciones, la infraestructura, la sustentabilidad económica, la salud, la generación de empleo y el acceso a la tierra. Y destacó el perfil anunciado de un Gobierno que desde la campaña, a través del entonces candidato Javier Milei explicitó su concepción negacionista del cambio climático y, antes del cimbronazo del DNU y el envío de la llamada ley ómnibus dispuso la eliminación del Ministerio de Ambiente.

Micheloud admitió que siente un “gran deja vu” de la década del 90, con la generación de profuindos impactos sobre los ecosistemas y las cuencas que persisten. Pero, juzgó, ahora regresa “más salvaje y deshumanizado”. Porque pone en riesgo todo el andamiaje jurídico institucional.

El tenor del DNU y la mega ley, siguió el abogado ambientalista, dan cuenta de que Milei no solo amenazó en campaña sobre el tema, y a los movimientos ecologistas, sino que está dispuesto a desguazar esa arquitectura que al país le costó mucho plasmar. Repasó que la Argentina cuenta con leyes ambientales relevantes a escala latinoamericana que pudieron aprobarse pese a una gran resistencia. Y otras que no, como la ley de humedales, planteada hace 14 años.

Micheloud insistió en que la ley de bosques, la de glaciares, la que regula las actividades de quema, son normas aprobadas pero en riesgo, porque vienen siendo desde hace años puestas en discusión por los intereses ligados al modelo del agroextractivismo, las mineras hegemónicas y las empresas forestales. Por eso, completó, es importante, como están haciendo numerosas organizaciones en todo el país, defenderlas del atropello ya iniciado.

Respecto del escenario que plantó el Ejecutivo, enfatizó la necesidad de no enfrascarse en detalles técnicos como eje de la discusión que, en medio de la vorágine del megaproyecto con 664 artículos, proponen incluso los bloques denominados dialoguistas en sus dictámenes de disidencia parcial. Por el contrario, la postura debería ser que no se toque ninguna legislación, no entrar en el debate de párrafos, incisos, cambios de definiciones, porque es una trampa.

Araguas, también abogada ambientalista, retomó la idea de una doctrina del shock vehiculizada a través del DNU y el proyectop de mega ley, todo junto, con más de 300 y 600 artículos respectivamente, con el propósito de aturdir para que no quede expuesto el daño. Se trata, continuó, de un avasallamiento a la democracia en su totalidad y a la ambiental en particular, porque el ambientalismo se construye desde el diálogo y mediante consensos. La táctica oficial, señaló, es atosigar para desarmar una estructura jurídica e institucional elaborada y mejorada desde hace un siglo. COn una dinámica frenética que impide analizar en profundidad la cantidad de temas abarcados.

Araguas aclaró que la estrategia oficial no es nueva, está estudiada desde la sociología y la psicología como mecanismo para derrumbar construcciones democráticas minando la capacidad de resistencia. Concentrar el poder, empobrecer y destruir todo el andamiaje de sostenibilidad ambiental.

Micheloud retomó la base del debate recordando que las cuatro leyes amenazadas por el dictamen de mayoría surgido –al cabo de varias reescrituras– en el plenario de comisiones de Diputados son la de bosques, la de glaciares, la de quemas y la de manejo del fuego. Y con ellas, avasallan una legislación de presupuestos mínimos, que es una categoría novedosa introducida en la reforma constitucional de 1994 por la cual la legislación establece una base para todo el país sobre la cual las normativas provinciales no pueden retroceder. Por eso, alertó, es más grave la embestida.

Lo que se propone el Gobierno, abundó Micheloud, va en contra del principio de progresividad y no regresión ambiental que proviene del paradigma de los derechos humanos, y que ya está inscripto en el ordenamiento jurídico argentino a partir de la adhesión al Acuerdo de Ascazú. Por lo tanto, las propuestas del oficialismo, sintetizó, son inconstitucionales.

Aragua marcó que, màs allà de los puntos especìficos, elriesgo de base es mantener, aún con cambios o eliminación de otros artículos, los de las facultades delegadas, porque asì, aunque en principio no queden en la ley sus aspectos más destructivos, su contenido podría en una semana ser repuesto a sola firma del presidente.

Spiaggi incomodó con la pregunta respecto a por qué la sociedad votó a un candidato que, entre otras cosas, provocó en campaña con afirmaciones como la de que se podía contaminar un río porque no tiene dueño y no se afecta la propiedad privada de nadie, y que hasta que ese bien común no tuviera propietario no se iba a solucionar el tema, por lo demás minimizado, de la contaminación. Milei y sus mentores, aclaró el docente e investigador de la UNR, como Benegas Lynch hijo y nieto, que hablaron hasta de privatizar las ballenas.

Spiaggi deslizó que el sentido del voto demuestra que hay una tendencia social hacia esos paradigmas, por lo que es necesario “volver a conversar”, hallar nuevos discursos que tengan mayor prédica social, porque lo que dominó el voto fue el enojo. Y tener en cuenta que el marco jurídico ahora en peligro, tampoco fue respetado por otros varios gobiernos.

Moskat recordó que detrás de las medidas se despliega la visión de que todo debe ser resuelto por mecanismos de mercado, pero llevado al extremo. Y en paralelo, el intento de generar nichos de negocios para los grandes grupos económicos, que están casi explicitados en el articulado del DNU y la mega ley. El pretendido derrumbe de la ley de Glaciares, por caso, dijo, ya está siendo festejada por las grandes mineras. Coincidiendo con otros contertulios, destacó que la estrategia de imponer tiempos cortos para el debate parlamentario impide la discusión seria, por lo que acompañó la idea de que se debe rechazar todo el paquete normativo ante la imposibilidad de la argumentación. Y agregó que falta que surja la voz de los Gobiernos provinciales y municipales, porque son los grandes perjudicados. En el último nivel, el local, añadió, es donde se nota mayor debilidad en cuanto al rechazo.

Romano retomó uno de los tópicos de los antecedentes de esta etapa de desguace ambiental al considerar que nunca hubo grieta política en cuanto al modelo agrario basado en el paquete de uso intensivo de agrotóxicos y semillas transgénicas resistentes a los mismos. Los diferentes Gobiernos, explicó el integrante de Paren de Fumigarnos, potenciaron la soja, el maíz, el algodón transgénicos y la novedad del trigo HB4. Y advirtió que el combo de desregulaciones y retiro del control público propuesto por el oficialismo hace inviable poder hablar de leyes ambientales, porque se torna abstracto.

En el mismo sentido que marcó al inicio Hiba, Romano mencionó las “externalidades” del modelo agrícola hegemónico que, consideró, no son muy conocidas: arrasó con las pequeñas producciones y expulsó población rural, con lo que generó un problema social con la migración de familias a los arrabales urbanos, en una situación de vuilnerabilidad que las pusieron a tiro, incluso, de las redes de narcotráfico.

El ambientalista recordó que desde Paren de Fumigarnos, en Santa Fe impulsan desde hace 15 años un paquete de leyes que incluyen la modificación a la norma de agrotóxicos (oficialmente de fitosanitarios), otra de fomento de la agroecología, y la de silos, otro factor de contaminación. Y puso en números la afectación del modelo: a mediados de los 90, cuando se instaló el paquete inicialmente promovido por Monsanto (hoy Bayer), el cálculo de uso de agrotóxicos en el país era de 30 millones de litros anuales, y en 2022, según el Inta, ya ascendía a 600 millones de litros por año, y ello sólo teniendo en cuenta la comercialización en blanco.

Spiaggi acotó que se trata de un mercado de entre 4 y 5 mil millones de dólares, una escala que le permite a las grandes empresas agroquímicas influir en los medios de comunicación para sesgar la información y las opiniones sobre los efectos del modelo.

Martínez acompañó la percepción de que los modos del Gobierno en la materia, pese a las desprolijidades y aparentes impericias demostradas, por ejemplo, en el Congreso, no son fruto de la improvisación. El embate fue calculado: antes de las fiestas, en pleno verano. Y volviendo sobre deudas acumulados, marcó que las leyes ambientales trabajosamente logradas no han sido aprovechadas por diferentes Gobiernos, no se les asignaron los presupuestos necesarios y la gestión fue ineficiente. Es aceptable, entonces, discutir una mejor asignación de recursos, más efectiva, pero de ninguna manera, como propone el esquema neoliberal-libertario, ponerl la normativa en entredicho y meno derogarla.