Dirigentes gremiales y la directora médica del centro de salud en el que asesinaron a un policía que cumplía con la custodia proponen que las grandes unidades penales tengan sus propios espacios sanitarios para atender a los internos, y sólo se deriven a los efectores públicos a quienes requieran tratamientos o estudios de mediana o alta complejidad

Luego de que, en la noche del martes, cuatro personas irrumpieran en el Hospital Provincial de calle Alem al 1400 en busca de un detenido que había sido trasladado para una radiografía y, ante un forcejeo, mataran al subinspector Leoncio Bermúdez de un tiro en el cráneo, los trabajadores de la salud del efector realizaron una protesta, con abrazo simbólico al edificio, y acordaron suspender la atención externa, aunque mantienen la de los pacientes internados y las guardias mínimas.

El programa Apuntes y Resumen consultó a Jerónimo Ainsuain, integrante de Siprus (Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud), la directora médica del Provincial, Teresita Ghio, y Pablo Crispo, miembro de Amra (Asociación de Médicos de la República Argentina).

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Ainsuain esgrimió que los profesionales y la gente necesitan ámbitos más seguros para trabajar y atenderse. Se trata, profundizó, de especialistas que atienen en todos los hospitales provinciales y los centros de salud los que están en riesgo. Los sostenedores, explicó, de un sistema de salud pública al que recurre más del 40% de la población de Santa Fe.

El médico insistió en que no se puede permitir que ese trabajo se desenvuelva en el contexto de inseguridad actual. Agregó que hace falta un Estado más presente, y además un mayor presupuesto en seguridad, salud y trabajo. De lo contrario, resumió, no habrá solución.

El dirigente reclamó acciones concretas para generar ambientes más seguros y mayor presupuesto para que un profesional que tiene 20 años de formación trabaje en condiciones dignas. Y lo mismo para los pacientes.

Recordó que en una asamblea, los profesionales decidieron suspender la atención externa, pero garantizando la atención la de los pacientes internados y las guardias. Señaló que este jueves está programada otra concentración pare a reforzar la interpelación a las autoridades.

Ainsuain interpretó que la violencia creciente en los centros de salud es consecuencia de múltiples factores, pero se asienta en la degradación social, la expansión de la lógica del narcotráfico y la violencia que coloniza los barrios, además de una deficiente infraestructura del sistema de salud, con instalaciones que en muchos casos carecen de servicios públicos (agua, energía eléctrica, comunicaciones), por lo que se resiente la atención y genera malestar en los pacientes.

Ghio, la directora del Provincial añadió que los directivos y el personal están bajo un estado de shock y sin palabras para describir lo sucedido. “Nadie está preparado para esos niveles de agresión”, reforzó. Señaló que, además del policía asesinado, la irrupción dejó a dos personas heridas, quienes esperaban a familiares que iban a ser atendidos en la guardia.

El detenido al que buscaban los intrusos, confirmó, ya tenía el alta médica al mediodía del martes, aunque dijo desconocer los motivos por los cuales desde las áreas de seguridad y penitenciaria no habían coordinado su vuelta al penal de Piñero hasta la noche de los hechos violentos.

Ghio aclaró que la obligación del hospital es atender a los presos provinciales. Que se reciben en promedio a seis o siete detenidos en clínica, odontología y otros servicios. Los que requieren internación ingresan por el sector de guardia y el resto por calle 1° de Mayo, ámplió. Expresó además la desazon por el estado de vulnerabilidad del personal de salud: cuando acude un preso de alto perfil, su custodia cuenta con la vestimenta de seguridad y armamento, pero los trabajadores del Provincial no, y quedan expuestos. En ese sentido, propuso pensar en la posibilidad de que cada unidad penal tenga su propia unidad asistencial.

De todos modos, aclaró la directora del hospital, desde el Ministerio de Salud ya le habían comunicado que el Provincial no atenderá más detenidos en la guardia ni para internaciones.

Crispo, desde Amra, coincidió con Ghio. Está claro, dijo, que las grandes unidades penitenciarias deberían tener un área de salud para atender a los internos en casos como suministro de medicamentos, análisis de laboratorio o radiografías. De hecho, señaló, el detenido al que fueron a buscar al Provincial había sido trasladado hasta allí desde Piñero para hacerle una placa ante un cuadro compatible con tuberculosis.

El dirigente médico agregó que, en todo caso, se recurra al hospital público para atenciones de alta complejidad, como una cirugía, un cuadro de apendicitis o estudios como una tomografía que requieren instrumental sofisticado.

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