El abogado y especialista en derecho ambiental y director del observatorio de la UNR, Matías del Bueno, explicó en La Marca de la Almohada los alcances que podrían tener y la utilidad de contar con esas alternativas. “El espíritu es llevar adelante una Justicia más eficiente, más veloz”, planteó

La crisis ambiental y climática, los ataques medioambientales que se repiten con frecuencia en la región en los últimos años, impulsaron un proyecto para crear juzgados y fiscalías específicas, dedicadas a tratar ese tipo de delitos. El abogado y especialista en derecho ambiental y director del observatorio ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, Matías del Bueno, explicó en La Marca de la Almohada los alcances que podrían tener y la utilidad de contar con esas alternativas.

La intención, según explicó, es que las causas ambientales “no vayan a cualquier juzgado ordinario, donde no hay una especificidad sobre la materia”. El proyecto busca que existan en las diferentes circunscripciones de la provincia y que, al mismo tiempo, se creen fiscalías y un gabinete científico preparado en la materia.

“El espíritu es llevar adelante una Justicia más eficiente, más veloz. Resolver más rápido una cuestión de competencia. Llegar al lugar más rápido”, aseguró Del Bueno.   

El especialista marcó uno de los mayores problemas que existen con los delitos ambientales. “Generalmente, cuando se dicta la sentencia, empieza el mayor problema, que tiene que ver con la implementación. A diferencia del resto de los procesos, que con la sentencia se termina el conflicto, acá lo que se necesita garantizar es que esa sentencia se lleve a cabo. Tenemos el Poder legislativo que dicta las normas, y tenemos el Poder ejecutivo que debe implementarlas. Tenemos una muy buena normativa en materia ambiental, pero una muy mala implementación. Lo que se necesita es que el Poder judicial pueda generar ese equilibrio entre la implementación de la norma y la realidad social. Por eso queremos que exista una justicia ambiental especializada que pueda entender este tipo de conflicto. Un juez ambiental no puede trabajar en el escritorio”, planteó Del Bueno.

El profesional puso como ejemplo lo sucedido con los incendios en las islas entrerrianas, donde llegó a pronunciarse la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque con resultados prácticos pobres. “Se dictó una sentencia donde se declararon los incendios ilegales. Se conformó el comité de emergencia ambiental, se dictaron medidas que debían avanzar con la educación ambiental, con los faros de conservación, con los destacamentos y bases en la isla, con drones y vehículos. ¿Dónde está resuelto esto? Al final no pasó nada. Y, sin embargo, la medida cautelar era buenísima”, opinó.

“Creemos que es muy importante que se incorporen los delitos ambientales al código penal o a leyes especiales que puedan avanzar sobre el código penal, como el delito de ecocidio. Hoy salvo que se pueda detectar un residuo peligroso en una causa de contaminación que esté dentro del listado del decreto 831, de la ley 24051, es muy difícil avanzar sobre un delito específicamente penal. Sin embargo, desde el punto de vista ambiental tenemos una gran cantidad de herramientas que sí permiten avanzar. Es importante avanzar en una reforma en materia ambiental para la Justicia penal. Ahí hay que ser lo más creativo posible porque por ejemplo hay que resolver cuestiones que tienen que ver con atentados a la biodiversidad, o estragos culposos o dolosos. Tenemos que dejar de tratar de adaptar otras figuras. Necesitamos un cambio del sistema penal porque el ambiente es un bien jurídico protegido que hoy la sociedad valora. Y los bienes que más se valoran van al sistema penal”, concluyó.