Se siguen produciendo muchos hechos, pero la estadística marca una merma de 218 a 135 casos por mes gracias a los allanamientos y las condenas a los responsables

Si bien sigue siendo un tema de alta preocupación, el robo de cables ha aminorado en Rosario. Las cifras oficiales indican que en el primer semestre del año hubo una merma de 40% de los hechos, que se dispararon a fines de 2020, cuando se atravesaba lo más duro de la pandemia. Entre las razones, desde una de las empresas más perjudicada por el vandalismo intuyen que se debe a la persecución penal de los responsables y las tareas de clausura que lleva adelante la Secretaría de Control en articulación con la Justicia.

Estadísticas brindadas por la empresa Telecom indican que el total de robos de cable que sufrieron en la ciudad en los últimos 4 meses fue de 650, un promedio de 130 episodios cada 30 días. Desde la compañía telefónica sostuvieron que hubo una baja de casos del 40%, ya que entre octubre de 2020 y marzo de 2023 se produjeron 5.900 hechos, con una media de 218 mensuales. Se lo atribuyen a las acciones municipales junto a Fiscalía, y de las condenas que hubo a responsables. El costo de reposición del servicio en los últimos tres años, cuando comenzaron a multiplicarse los hechos, ya asciende a 400 millones de pesos.

Es cierto que el accionar judicial mostró algunos resultados de forma reciente. A mediados de julio, en un juicio abreviado cuatro hombres de 22 a 35 años fueron condenados a tres años de prisión condicional y al pago de costas por hurtar cables telefónicos en zona oeste. Todos fueron hallados culpables del delito de “robo agravado por su comisión en poblado y en banda”, de acuerdo a la imputación de los fiscales Raquel Almada y Matías Ocariz. Los cuatro fueron captados por cámaras sustrayendo 100 metros de tendido en un predio de Provincias Unidas al 2800.

También el mes pasado, el titular de una chatarrería de la ciudad fue condenado por la compra de cobre y elementos robados a la Empresa Provincial de la Energía. El hombre había sido detenido en abril durante una serie de allanamientos que se llevaron adelante en distintos predios donde se encontró material de origen ilegal. También en el marco de un procedimiento abreviado, el juez a cargo de la causa decidió condenarlo a tres años de prisión condicional más una serie de reglas de conductas que el chatarrero deberá cumplir.

Control actúa junto a Fiscalía porque tiene la potestad de ingresar a las chatarrerías, y permite así también que entre la policía a hacer su trabajo de búsqueda del material robado, comentaron fuentes municipales. De otra manera, tendría que pedir una orden de allanamiento que dilata los tiempos, porque además tiene que cumplir con una serie de requisitos de indicio de sospecha.

De esta manera, el municipio le ahorra ese paso y una vez adentro operan en conjunto: los agentes municipales fiscalizan las cuestiones edilicias, de seguridad, la documentación de la habilitación municipal y todo lo que está dentro de su esfera, y deciden si se necesita una clausura. En tanto, los oficiales de las fuerzas de seguridad observa si el material que encuentra es dudoso o tiene indicios de provenir de un robo, y luego lo trabajan con Fiscalía.

La Justicia no tiene estadísticas respecto de cuántos kilos han sido recuperados, pero sí revelaron cuál es el destino. Voceros del Ministerio Público de la Acusación comunicaron que los metales robados que son decomisados en los allanamientos van a depósito, solo cuando se trata de una cantidad manejable. Muchas veces, cuando son montos que no se pueden trasladar, quedan en depósito judicial en el mismo lugar donde se secuestró. Por ejemplo, si se trata de una chatarrería de grandes dimensiones donde el proceso de mover todas las piezas es dificultoso, se hace el relevamiento de lo secuestrado y queda allí a disposición de la Justicia interviniente.

El término significa que nadie puede disponer de ese material sin orden judicial, porque es parte de una investigación en curso. Si se detecta que es trasladado o usado teniendo una orden de no hacerlo, puede configurar otros delitos, como por ejemplo el entorpecimiento de una investigación. Pero no se deja un policía en cada lugar para ver si abren de nuevo. Para que se asigne una custodia tiene que ser un caso con alguna particularidad que haga que el fiscal que intervenga entienda que lo amerita.