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Ueno Bank: la caída del banco digital desata una crisis política y amenazan con juicio político a Santiago Peña

Miles de ahorristas reclaman recuperar sus depósitos y la oposición impulsa la destitución del presidente. Gustavo Rodríguez, dirigente político paraguayo, denunció un presunto entramado de negocios entre empresarios y funcionarios, y reclamó una investigación profunda sobre el destino de los fondos públicos y privados comprometidos en charla con “El Día Está Después”.

La intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay desató una profunda crisis financiera y política que mantiene en vilo a miles de ahorristas. La entidad, que había experimentado un fuerte crecimiento a partir de la expansión de la banca digital y de una agresiva estrategia comercial, quedó en el centro de las denuncias por presuntas maniobras financieras, préstamos a empresas vinculadas al poder político y utilización de fondos públicos.

En diálogo con “El Día Está Después” de RADIO UNR, Gustavo Rodríguez explicó que el banco había captado alrededor de tres millones de cuentas y recibió importantes depósitos del Instituto de Previsión Social (IPS), organismos estatales y entidades binacionales. Según sostuvo, unos 850 millones de dólares de recursos públicos estarían comprometidos, de los cuales 350 millones corresponderían a fondos jubilatorios.

PROTESTAS EN LAS CALLES. El impacto de la intervención se trasladó rápidamente a las calles, donde trabajadores, pequeños comerciantes y ahorristas comenzaron a reclamar la devolución de sus depósitos. La preocupación alcanza especialmente a quienes utilizaban la plataforma para cobrar salarios, administrar sus ingresos y realizar operaciones cotidianas.

Rodríguez advirtió que la crisis no solo afecta a grandes depositantes, sino también a familias que tienen comprometidos sus ahorros y necesitan ese dinero para afrontar gastos diarios. Mientras el Banco Central promete garantizar la devolución de los depósitos hasta un límite de 228 millones de guaraníes (unos 60 mil dólares, según la conversión), los fondos todavía no habían sido liberados.

“La gente humilde, la gente trabajadora en Paraguay vive en crisis permanente. Administra la desesperación”, describió el dirigente.

PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO. La crisis financiera también puso en jaque la continuidad del presidente Santiago Peña. La oposición presentó un pedido de juicio político en la Cámara de Diputados, mientras el Partido Colorado, que llevó al mandatario al poder, comenzó a retirarle su respaldo.

Según Rodríguez, el pronunciamiento de Horacio Cartes, principal referente del oficialismo, modificó el escenario parlamentario y abrió la posibilidad de reunir los votos necesarios para avanzar con el proceso de destitución. Sin embargo, cuestionó que el eventual desplazamiento de Peña pueda convertirse en un acuerdo político para preservar a otros responsables.

También reclamó la salida del vicepresidente Pedro Alliana y sostuvo que ambos deben responder por lo ocurrido. «La destitución de Santiago Peña es simbólica. El pueblo paraguayo no puede permitir que alguien señalado por esta situación siga siendo presidente», afirmó, al tiempo que convocó a mantener las movilizaciones para evitar que la crisis termine en un nuevo escenario de impunidad.

ENTRAMADO DETRÁS DEL BANCO. Durante la entrevista, Rodríguez también se refirió al Grupo Vázquez, el entramado empresarial detrás de Ueno Bank y sus presuntos vínculos con integrantes del Gobierno, además de los préstamos otorgados a compañías relacionadas con funcionarios y personas del entorno presidencial. Señaló que tanto los principales directivos de la entidad como empresarios vinculados al grupo se encontraban detenidos y reclamó investigar la actuación del Banco Central y de los legisladores que aprobaron modificaciones a la normativa bancaria.

Asimismo, comparó el episodio con la crisis financiera paraguaya de 1995 y advirtió sobre los riesgos de la concentración de recursos en pocas manos y la expansión acelerada de los negocios financieros digitales. Para el dirigente, la prioridad debe ser recuperar los ahorros, establecer las responsabilidades políticas y empresariales y garantizar que la ciudadanía conozca la verdad de lo sucedido.