En “El Día Está Después”, el abogado del Programa sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), cuestionó los cambios y advirtió que podrían ampliar las internaciones involuntarias y habilitar nuevamente el modelo de manicomios. “Es muy regresivo en términos de derechos”, dijo.
La reforma de la Ley Nacional de Salud Mental obtuvo media sanción en el Senado de la Nación y abrió un nuevo debate sobre el modelo de atención y las garantías de derechos de las personas usuarias del sistema sanitario. El proyecto, impulsado por la senadora Patricia Bullrich, fue cuestionado por organizaciones vinculadas a los derechos humanos y de las personas con discapacidad.
En diálogo con “El Día Está Después” de RADIO UNR, Eduardo Quiroga, abogado del Programa sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y diplomado en desmanicomialización, consideró que la iniciativa “representa un retroceso respecto de la legislación vigente. Es muy regresivo en términos de derechos”, sostuvo, al señalar que las modificaciones afectan los principios de abordaje comunitario y respeto por la autonomía de las personas.
UNA DE LAS PRINCIPALES CUESTIONES está relacionado con la posibilidad de volver a colocar a los hospitales psiquiátricos en el centro del sistema de atención. Quiroga explicó que la Ley Nacional de Salud Mental promueve la sustitución de estas instituciones por dispositivos de atención en hospitales generales y centros comunitarios, con el objetivo de evitar la segregación y garantizar tratamientos cercanos al entorno de las personas. Según advirtió, el modelo manicomial favorece internaciones prolongadas, concentra recursos y ha registrado históricamente situaciones de vulneración de derechos humanos, malos tratos y condiciones de hacinamiento. En ese sentido, remarcó que la evidencia científica y los estándares internacionales respaldan la transformación de los sistemas de atención hacia dispositivos comunitarios.
“Se deja atrás esta idea de riesgo cierto inminente y se establece una idea de riesgo grave”.
PREOCUPACIÓN. Otro de los puntos que genera preocupación es la modificación de los criterios para las internaciones involuntarias. Quiroga señaló que la legislación actual establece garantías estrictas para evitar decisiones arbitrarias, entre ellas la existencia de un riesgo cierto e inminente para la persona o terceros y el fracaso de otras alternativas terapéuticas menos restrictivas.
Según explicó, la reforma flexibiliza esos requisitos y podría incrementar las internaciones que no resulten necesarias, además de modificar aspectos de la conformación de los equipos interdisciplinarios y los mecanismos de control judicial. El abogado sostuvo que la respuesta a las dificultades del sistema no pasa por modificar regresivamente la ley, sino por garantizar su cumplimiento efectivo, fortalecer los equipos profesionales, ampliar los dispositivos comunitarios e incrementar la inversión presupuestaria en prevención y atención.
En otro tramo de la entrevista también se abordó el crecimiento de las consultas ambulatorias y las internaciones en salud mental, el desfinanciamiento de los programas nacionales y la situación del Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte. Asimismo, se planteó la necesidad de desarrollar políticas específicas para las infancias, las adolescencias y las personas mayores, además de fortalecer los sistemas de acompañamiento a familiares. La conversación también permitió reflexionar sobre el papel de las redes sociales en la construcción de debates públicos y la importancia de los movimientos sociales, entre ellos el movimiento feminista, en la defensa de derechos y la visibilización de problemáticas sociales.