El reciente fallo del tribunal supremo argentino que dejó sin efecto la medida cautelar que frenaba la derogación de la Ley de Tierras ha vuelto a poner en discusión la validez del artículo 154 del DNU 70/2023 dictado por el gobierno de Javier Milei, eliminando los límites a la compra de inmuebles rurales por parte de extranjeros. En “El Día Está Después”, la coautora de la norma, Florencia Gómez, brinda su mirada.
La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de dejar sin efecto la medida cautelar que frenaba la derogación de la Ley de Tierras ha generado un profundo debate en el ámbito jurídico y político del país.
Con este fallo, que restablece la validez del artículo 154 del DNU 70/2023 impulsado por la gestión de Javier Milei, se eliminan las restricciones vigentes para la adquisición de propiedades rurales por parte de capitales extranjeros.
Para la abogada Florencia Gómez, coautora de la Ley Nacional 26.737 de Tierras Rurales y exdirectora del Registro Nacional de Tierras Rurales, esta resolución judicial representa “un retroceso drástico en materia de soberanía”, como lo contó en “El Día Está Después” de RADIO UNR.
Durante una entrevista la especialista advirtió que la medida adoptada por el máximo tribunal “desestima los mecanismos de protección construidos históricamente en resguardo de los recursos estratégicos de la Nación”.
Gómez señaló que la decisión judicial no solo vulnera los debates legislativos previos que respaldaban la ley original, sino que también despoja a los ciudadanos de las herramientas procesales necesarias para defender intereses colectivos tan sensibles como el acceso a la tierra y el cuidado de los recursos naturales.
“La Corte Suprema está a favor de la extranjerización de la tierra en Argentina, y de toda la extranjerización, o sea, de la extranjerización sin límites, porque lo que termina haciendo es derogar la ley de tierras”. (Florencia Gómez)
Asimismo, la abogada remarcó que la falta de datos oficiales y la ausencia de límites precisos ponen en riesgo la sustentabilidad ambiental frente a la creciente presión de corporaciones internacionales.
Finalmente, el fallo judicial abre un nuevo escenario de discusión sobre el alcance de las facultades del Poder Judicial en sintonía con las políticas de desregulación económica. Mientras referentes del ámbito jurídico cuestionan la legitimidad procesal argumentada por el tribunal para rechazar los planteos previos, distintos sectores sociales y políticos continúan analizando las implicancias normativas de una medida que modifica de manera estructural el régimen de propiedad territorial en la Argentina.