El presidente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata valoró la medida cautelar que suspendió el avance del proyecto petrolero Sea Lion y cuestionó la actividad de Rockhopper y Navitas. También advirtió sobre el uso político de la causa Malvinas y reclamó una mirada crítica frente a las decisiones vinculadas con los recursos estratégicos del Atlántico Sur

La Justicia Federal de Río Grande ordenó suspender el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, impulsado por las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en el área de las Islas Malvinas. La medida cautelar fue presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) y la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas, y la jueza federal Mariel Borruto dispuso que las compañías se abstengan de iniciar, continuar o ejecutar las obras vinculadas con el emprendimiento hasta que se cumplan las condiciones establecidas en la resolución.

Rodolfo Carrizo, presidente del CECIM y uno de los impulsores de la acción judicial, destacó en diálogo con El Día Está Después el alcance de la decisión. “Nos parece que es una resolución de una medida cautelar que presentamos en conjunto con la Asociación Ambientalista y Abogados de la Argentina, y entiende la cautelar lo importante que es establecer una medida de carácter preventiva del daño ambiental”, explicó.

La resolución judicial se fundamentó, entre otros aspectos, en la ausencia de una evaluación de impacto ambiental y en la necesidad de preservar tanto el ambiente como los derechos vinculados con la soberanía argentina. El proyecto Sea Lion se encuentra aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.

Para Carrizo, el valor de la medida excede la cuestión ambiental. “Me parece que el eje central está concentrado en eso, en la defensa del ambiente y en la defensa de la soberanía”, sostuvo. En esa línea, consideró especialmente relevante que la decisión haya sido adoptada por un poder del Estado argentino y planteó que obliga a las empresas a responder ante la legislación y las autoridades argentinas.

El dirigente del CECIM también se refirió a la posición que debería adoptar el Gobierno nacional frente a la cautelar. Consideró que el Ejecutivo debería acompañar la decisión judicial porque, según planteó, la defensa de la soberanía constituye una responsabilidad central del Estado. Sin embargo, cuestionó las recientes posiciones del presidente Javier Milei sobre Malvinas y sostuvo que existe una contradicción entre el discurso soberanista y otras decisiones de política exterior.

Carrizo vinculó esa discusión con la centralidad que volvió a adquirir la cuestión Malvinas durante los últimos meses. En particular, destacó el impacto simbólico que tuvo la exhibición de la bandera argentina durante el partido entre Argentina e Inglaterra y sostuvo que ese episodio volvió a instalar la causa en la agenda pública.

“Malvinas es muy trascendente en la vida de los argentinos y de nuestro pueblo. Todos tenemos una herida muy fuerte con Malvinas, muchos perdimos compañeros, hermanos, amigos”, señaló. Para el excombatiente, la discusión actual no puede separarse de los recursos naturales, la biodiversidad y la ubicación estratégica del Atlántico Sur.

En ese marco, Carrizo cuestionó el documento difundido por el Reino Unido para respaldar la actividad económica en las Islas y rechazar la aplicación de legislación argentina. Consideró que la posición británica forma parte de una disputa histórica por el control del territorio y de sus recursos y sostuvo que el desarrollo de actividades hidrocarburíferas constituye una dimensión central del conflicto actual.

El presidente del CECIM también llamó a evitar una utilización de la causa Malvinas desligada de una discusión más amplia sobre las políticas del Estado. Consultado por la comparación entre la utilización política de Malvinas durante la dictadura y la actualidad, habló de una posible “neogaltierización” de la cuestión y sostuvo que la causa puede ser utilizada como recurso político frente a otros problemas internos.

“Hay que estar atentos”, planteó Carrizo. Y agregó que la soberanía territorial “no es un commodity, es un bien común de todos y de todas las argentinas”. En ese sentido, reclamó la participación de universidades, sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales en una discusión que, según sostuvo, debe sostenerse con autonomía y capacidad crítica.

Finalmente, Carrizo cuestionó la creciente presencia de Estados Unidos en Tierra del Fuego y la posibilidad de instalar una base naval en Ushuaia. Vinculó esa discusión con los acuerdos estratégicos del Gobierno nacional con Estados Unidos e Israel y sostuvo que el Atlántico Sur constituye una región de importancia creciente por sus recursos naturales y su ubicación geopolítica.