En diálogo con “El Día Está Después”, Juan Manuel Gispert, politólogo de CEPA, analiza el impacto de las políticas económicas de la gestión del gobierno nacional. Advierte sobre “un retroceso histórico en la capacidad de compra de asalariados y jubilados”, y una “asfixia financiera familiar” que dispara el endeudamiento a niveles sumamente críticos.

En el marco de un balance económico sumamente negativo al cumplirse 1000 días de la gestión de Javier Milei, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) detalló el profundo retroceso en la calidad de vida de la población.

Según explicó el politólogo Juan Manuel Gispert en diálogo con “El Día Está Después” de RADIO UNR, el salario registrado promedio sufrió una pérdida real de su poder de compra del 18,5% debido a la devaluación inicial y a la desregulación de precios de tarifas y servicios, una cifra que en el sector informal superaría el 20%.

LOS GRANDES PERDEDORES. Los trabajadores del sector público nacional emergen como los “grandes perdedores” de este periodo con una caída del 37% en su capacidad adquisitiva, mientras que los jubilados de la mínima sufren un recorte de aproximadamente 100.000 pesos mensuales en comparación con el gobierno anterior, un escenario agravado por la escalada en los precios de los medicamentos y el desmantelamiento de las prestaciones de PAMI.

“La caída del poder adquisitivo no solamente ahora hay que medirla entre la inflación real versus la paritaria, sino también de cuánto está perdiendo por no poder estar pagando las deudas que tiene”.

ESTE DERRUMBE DEL INGRESO ha provocado una asfixia financiera sin precedentes en los hogares, empujando a la población a endeudarse para cubrir incluso el consumo masivo.

Gispert alertó sobre niveles récord de morosidad familiar: mientras que en el sector financiero bancario tradicional las deudas impagas alcanzan el 13% (triplicando los niveles de una crisis promedio), en el sector no financiero (vinculado a billeteras virtuales y compras en cuotas en comercios de electrodomésticos) la morosidad se dispara al 34%, superando los peores registros de la histórica crisis del año 2001.

EL ANÁLISIS DE CEPA expone un círculo vicioso en el que las familias recurren al financiamiento con tarjeta de crédito en los supermercados para adquirir comida y bebidas, acumulando intereses altísimos que deterioran todavía más sus ingresos mensuales.

“No existe la macro que cierra”

Frente al relato oficialista centrado en el equilibrio de las cuentas, desde CEPA afirman que el superávit fiscal y la baja de la inflación se sostienen sobre la parálisis de la obra pública y el perjuicio directo a los jubilados.

Lejos de ser consecuencias indeseadas, Gispert sostiene que la licuación de salarios y jubilaciones forma parte de un plan deliberado de concentración económica que toma a Perú como horizonte de país, priorizando exclusivamente a sectores primarios como el agro, la minería y el petróleo.

No obstante, este esquema empieza a mostrar signos de desgaste debido al progresivo agotamiento de los “amortiguadores sociales” —como el autoempleo en plataformas digitales, el endeudamiento de emergencia y el incremento focalizado de la Asignación Universal por Hijo—, lo cual se traduce en una merma palpable en los niveles de aprobación de la actual gestión.