Laura Mussa, directora de la Fundación Sur y exdiputada nacional, criticó con dureza el fallo judicial que suspendió la aplicación de la nueva ley penal juvenil en la provincia de Buenos Aires. En “El Día Está Después” advirtió que la medida obliga a regresar a un decreto de la dictadura militar que priva a los adolescentes de garantías constitucionales básicas. “Hacer que los chicos vuelvan a la ley de Videla me parece una atrocidad”, dijo.

La suspensión por 60 días de la aplicación del nuevo régimen penal juvenil bonaerense, dispuesta por la jueza Marta Elva Pascual, encendió las alarmas de los organismos de derechos humanos. Laura Mussa, directora de la Fundación Sur, cuestionó de forma categórica esta decisión judicial al señalar que frena un cambio histórico que buscaba adecuar la provincia a los estándares democráticos en charla con “El Día Está Después” de RADIO UNR.

LEY VIDELA. Según explicó la referente y exlegisladora, la resolución de la magistrada de Lomas de Zamora fuerza el retorno a la Ley 22.78, un decreto sancionado durante la última dictadura militar (conocido como la “ley Videla”) que rigió durante los últimos 40 años bajo un esquema punitivo y discrecional carente de debido proceso.

Para Musa, resulta inadmisible que en un Estado democrático se prive a un sector de la población de las garantías procesales que amparan al resto de los ciudadanos.

La referente de la infancia también desarticuló los argumentos basados en la falta de infraestructura que utilizó la magistrada para justificar la medida cautelar. Mussa denunció que la jueza “lleva más de 20 años en su cargo y que durante todo ese tiempo convivió con las pésimas condiciones de detención en institutos que describió como cuevas o tumbas, sin haber exigido reformas estructurales ni haber declarado la inconstitucionalidad de la norma dictatorial”.

Asimismo, alertó sobre una alarmante realidad que la propia jueza reconoció en su fallo: la existencia de unos 100 adolescentes menores de 16 años (legalmente no punibles) alojados bajo un régimen de encierro efectivo en territorio bonaerense

Musa catalogó esta situación como una “confesión” de la ilegalidad con la que actúa la justicia y exigió la inmediata liberación de esos jóvenes, argumentando que no se requiere de un nuevo fallo para poner fin a detenciones inconstitucionales.

“No puedo entender que una jueza de la democracia quiera volver a la ley de Videla”.

“POPULISMO PUNITIVISTA”. Finalmente, Mussa reflexionó sobre el trasfondo político del debate de la baja de imputabilidad y la corriente de “populismo punitivista” que suele rodear estas iniciativas.

Sostuvo que, aunque el proyecto de ley original impulsado por el Poder Ejecutivo tenía “un marcado carácter demagógico y punitivo, el texto final consensuado en el Congreso logró incorporar valiosas salvaguardas constitucionales para que ningún adolescente pueda ser privado de su libertad sin un juicio previo con defensa técnica y doble conforme”.

La especialista enfatizó que el aumento de penas “no tiene un impacto real en la prevención del delito”, señalando que la seguridad ciudadana se construye con una policía seria, científica e independiente del poder político, y no con el encierro sistemático de sectores vulnerables bajo normativas de facto.